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Redacción CsD
Lunes, 17 julio 2017
"Guerra sanitaria"

El Consorcio Hospitalario sigue recibiendo sentencias condenatorias

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Los Juzgados de lo Social 2 y 3 da la razón a los trabajadores del Consorcio Hospitalario, estimando nuevamente un total de 26 demandas en las que se reclamaba el derecho del percibo del complemento de productividad de los años 2013 y 2014, y condenando a la empresa al abono de lo reclamado.

El Consorcio, que viene adeudando a su personal el complemento de productividad desde 2013, ha visto cómo los trabajadores obtuvieron el reconocimiento del derecho ya en 2015, mediante la sentencia 305/15, de septiembre de 2015, a pesar de lo cual, y mediante la actitud inflexible de no ejecutarlo, han provocado que la situación derive en un aluvión de reclamaciones de tipo individual.

 

 

Estas reclamaciones, algunas de las cuales ya se han ido resolviendo en diferentes juzgados, han sido todas estimatorias, dando la razón a los trabajadores y condenando a la empresa al abono de lo adeudado.

 

 

Ahora, los juzgados de lo Social número 2 y 3 de nuevo coinciden con el criterio de los fallos anteriores, emitiendo un total de 26 nuevas sentencias firmes que resultan favorables al personal, avalando su derecho de cobro del complemento de productividad y condenando al Consorcio a pagar las cantidades adeudadas, con el reconocimiento incluso de intereses de demora.

 

 

Desde CCOO-CHPCS entienden que siendo que las sentencias son firmes deben de ser acatadas, aunque, dada la obcecación demostrada por el Consorcio de no resolver esta cuestión, provocando así la cronicidad de la situación en el ámbito judicial, igualmente contemplamos la posibilidad de que desde la Consellería sigan intentando dilatar los plazos de pago de lo adeudado en utilización de argucias de tipo jurídico.

 

 

Así, desde CCOO-CHPCS quieren poner de manifiesto su satisfacción por un nuevo avance y recuperación en materia de derechos, lamentando que la parte trabajadora se vea obligada a seguir acudiendo a los tribunales para el reconocimiento de sus derechos laborales que la administración pública vulnera repetidamente.

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