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Redacción CsD
Sábado, 21 octubre 2017
Dependencia

Reunión de la Plataforma de la Dependència de Castelló con la Secretaria Autonómica, Helena Ferrando

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Noticia clasificada en: Provincia

La Plataforma de la Dependència de Castelló se reunió este pasado viernes por primera vez para una reunión de trabajo con la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, en la Delegación Territorial de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusivas.

En la reunión, la Secretaria Autonómica nos dio traslado de las cifras de la dependencia en la provincia de Castelló, en la que a fecha 2 de octubre, existirían 6.734 personas con derecho reconocido  (2.090, de Grado I, 2.624 de Grado II y 2.020 de Grado III), de las que 3.626 se encontrarían recibiendo un servicio o prestación, mientras que las otras  3.108 se encontrarían en lista de espera, lo que comúnmente conocemos por el “limbo de la dependencia”

 

 

A la vista de estas cifras, desde la Plataforma, queremos, por una parte, poner en valor el incremento en el número de personas beneficiarias en los últimos dos años, pasando de 4.614 de septiembre de 2015 a las 6.734 actuales, en buena parte, gracias a la delegación de las competencias de valoración a las Entidades Locales, pero por otra, señalar que dado que las resoluciones no se están llevando a cabo con la misma celeridad vemos con preocupación  cómo el limbo crece mes a mes, del mismo modo que el plazo de tiempo para la resolución de los expedientes sigue siendo del todo inaceptable.

 

 

Otro tema espinoso y que preocupa profundamente a esta Plataforma es la gestión de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial por el copago y por el fallecimiento de dependientes que se va hacer desde la Conselleria.  Según los datos que se nos han facilitado, son 3031 las personas en nuestra provincia las que tendrían derecho a ser resarcidas por el perjuicio económico causado por la aplicación ilegal del copago. Queremos recordar que las primeras reclamaciones se presentaron en enero de 2017, y que el plazo para resolver que tiene la Administración y que le marca la Ley de Procedimiento Administrativo es de 6 meses, transcurrido el cual, y si no hay respuesta de la Administración, es decir , si hay silencio administrativo, este debe entenderse por desestimatorio a las pretensiones de las personas dependientes,  agotándose la vía administrativa, y quedado sólo la posibilidad de acudir a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Nos inquieta que transcurridos nueve meses desde que se presentaran las primeras reclamaciones, y sin haberse resuelto ninguna, de la que tengamos conocimiento, desde la Conselleria no cuenten ni siquiera con ningún plan de choque para abordar esta cuestión.

 

 

También quisimos seguir reivindicando la necesidad de crear nuevas plazas en centros de día y centros ocupacionales, así como la ampliación de las plantillas de los existentes con personal especializado, logopedas, terapeutas, etc. para que las chicas y chicos dependientes que abandonen los Centros de Educación Especial a los 21 años puedan seguir recibiendo sus terapias y contribuir a su mayor autonomía e integración social.

 

 

Desde la Plataformas, trasladamos a la Secretaria Autonómica, nuestra valoración positiva del Decreto 62/2017 de 19 de mayo, por el que se regula el acceso y la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana   y les animamos a hacer una más amplia divulgación para que  las personas dependientes conozcan su contenido y los derechos que les reconoce esta nueva normativa, como por ejemplo, la compatibilidad entre los servicios.

 

 

Asimismo, queremos seguir instando a los partidos políticos valencianos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, a retomar la iniciativa para recuperar el pago de la Seguridad Social a las cuidadoras y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar, que en el 93% de los casos tiene el perfil de una mujer de 52 años, con pocos recursos económicos que no ha cotizado nunca o ha dejado de trabajar para cuidar a sus hijas o hijos dependientes, progenitores, o marido, y que cuando llegan a la edad de jubilación no han generado ningún derecho a cobrar una pensión, pese a haber llevado durante décadas el peso de los cuidados, y realizando un trabajo que dejaron de hacer las Administraciones.

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