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Miércoles, 27 junio 2018

¡No hay huevos!

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Esta mágica frase ha hecho milagros, decírsela a la cara a un español de los de antes era garantía de que la acción sugerida se realizaría por descabellada que fuera esta.

Alguien con peso específico en nuestra política debiera poner en fila a líderes de partidos políticos del arco parlamentario, fuera de él sí parece haber huevos, miembros del Poder Judicial, Fiscalía, directores de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado más los responsables de Anticorrupción y Hacienda y soltarles a la cara, alto y fuerte, la mencionada frase que ocupa el titular.

 

Igual son imaginaciones mías y estoy enfermo, no lo creo porque por las calles, en las barras de los bares y alrededor de las mesas la gran mayoría de amigos y conocidos dicen lo mismo que yo pienso. Que están hasta el gorro de los privilegios económicos abusivos de los políticos y que no soportan ya más traiciones y más robos.

 

Lo que está pasando en España, digno de la más antidemocrática tiranía bolivariana bananera de América o África, sería impensable en países como, Suiza,  Inglaterra o Estados Unidos o Noruega, por poner solo unos ejemplos, donde la Ley está por encima de cualquier ciudadano independientemente de su peso específico en la política nacional.  Más bien diría yo que cuanto más peso específico más sometimiento a la Ley y más control por parte del Estado a su persona.

 

Aquí no. Aquí, en este país, antes llamado España, cualquier carguillo se siente, lo más jodido es que tiene razón, por encima de la Ley e intocable.

 

Si vas subiendo en la pirámide del poder es cuando te das cuenta de que todo aquel que alcanza cierto nivel parece estar autorizado para el tráfico de influencias, la prevaricación, la desobediencia y el derroche del dinero público.

 

Si en este país hubiera huevos los diputados no estarían exentos de cumplir la Ley y no podrían afirmar, como ayer afirmó Pablo Iglesias, que es partidario de un referéndum por la independencia de Cataluña.  No se trata de libertad de expresión, esa que ellos coartan a todos los que no están con ellos, no, se trata de cumplir la ley, y las palabras de Iglesias debieran llevarle a su procesamiento por ser atentatorias contra la Constitución y la Unidad Nacional. Este señor es, además, uno de los partidarios de encarcelar a aquel que se le ocurra resaltar alguna mínima virtud de los años de dictadura franquista. Él si puede, su condición de “izquierdoso” le autoriza a todo, atentar verbalmente contra nuestra ley de leyes.

 

La permisibilidad con que los sucesivos gobiernos de Madrid, Congreso,  Senado y Fiscalía General del Estado han dejado actuar, además subvencionándolos, a los brazos políticos de ETA y Terra Lliure permitiendo su constitución en partidos con representación parlamentaria sin haber tenido nunca lo que hay que tener para proceder a su ilegalización es en sí mismo un procedimiento prevaricador, más aún cuando los asesinos se permiten el lujo, sabedores de que están por encima de la Ley, de declarar sus intenciones desde los asientos del congreso, con luz y taquígrafos.

 

Que el Gobierno en pleno de una Comunidad Autónoma dedique su tiempo, como pasa en algunos territorios españoles, a hacer desparecer el idioma español de la educación, las instituciones y los comercios, transgrediendo todas las leyes y sentencias judiciales habidas y por haber, solo tiene un nombre, prevaricación y delito de desobediencia.

 

Que un partido político obligado al cumplimiento de la ley y el orden como el PSC-PSOE se dedique, como ayer se supo, a coaccionar a los empresarios hoteleros de Cataluña para que no admitieran en sus instalaciones a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no sé si tiene nombre en lenguaje jurídico o judicial, sí en español, canallada.

 

Alguna vez tendrá que llegar alguien, espero que sea a través de las urnas, para que “no hagan falta más héroes ni más milagros”, que “tenga huevos” de explicar a toda esta banda de delincuentes comunes que si quieren manejar las cárceles y sus “residentes”, si quieren disponer libremente del dinero de los españoles , si quieren seguir manteniendo sus ilegales privilegios y si quieren la independencia y la ruptura de la unidad nacional el único camino es conseguir en las mencionadas urnas la mayoría suficiente, creo que son dos tercios de la Cámara, y cambiar la Constitución. Mientras ese cambio no llegue su actividad diaria está basada en la prevaricación, consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, es decir, en el delito, y mientras no se demuestre lo contrario, aquellos que cometen delitos, más si es de forma continuada, son  delincuentes.

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