44 detenidos por ofrecer descuentos en la luz en Castellón, Valencia y 10 provincias más

44 detenidos por ofrecer descuentos en luz beneficiándose de una comisión por servicios no autorizados.

 

Les ofrecían un supuesto descuento en la tarifa y verdaderamente les cambiaban a otra comercializadora para beneficiarse de la comisión por el alta. La Policía Nacional ha detenido a cuarenta y cuatro personas en 12 provincias españolas –Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, la capital española, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia– por presuntamente hacer un uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de usuarios de compañías de electricidad y contratar servicios no autorizados para lucrarse con las comisiones al captar nuevos clientes del servicio.

Castellón Diario ha podido conocer que el ‘modus operandi’ de los detenidos empezaba con el acceso a las bases de datos personales de compañías de electricidad para usurpar la identidad de clientes del servicio y sin su permiso mudarlos a otras empresas distribuidoras de servicios. Del total, veintiséis de los detenidos eran trabajadores comerciales, a los que asimismo se les imputa un delito de usurpación de estado civil, y los dieciocho restantes eran administradores de sociedades «fuerza de ventas» que a su vez proveían de las bases de datos.

Si bien hasta este momento no se ha emitido una valoración económica del perjuicio ocasionado, se calcula que se hayan producido unos treinta y seis cambios de datos personales, que a su vez han ocasionado baja en la compañía perjudicada. La investigación se comenzó en el mes de septiembre de 2019 cuando los agentes recibieron una demanda, por la parte del administrador de una compañía distribuidora de luz y gas natural, en la que se manifestaba que personas no conocidas se hacían pasar por trabajadores de la compañía y llamaban a los clientes del servicio.

Conocían sus datos personales, bancarios y puntos de suministro, y les ofrecían un supuesto descuento en la tarifa, cuando realmente los cambiaban a otra comercializadora eléctrica sin conocimiento de los mismos. Además de esto, por la parte de la compañía denunciante, se había efectuado una auditoría interna en la que se había detectado que se habían producido accesos no autorizados a sus bases de datos.

Asimismo pudieron advertir que personas desconocidas habían contactado con la mercantil haciéndose pasar por clientes del servicio y tras responder las preguntas de seguridad, pedían duplicados de facturas con el propósito de comunicar un cambio en sus datos personales de contacto a fin de que, una vez efectuado el cambio de compañía, eludir que una posible contraoferta llegase al consumidor que ignoraba su nueva alta.

En paralelo, la comercializadora eléctrica que recibía a los nuevos clientes del servicio, tras advertir el procedimiento de captación, interpuso una querella contra múltiples comerciales por las prácticas efectuadas.

COMISIONES POR NUEVAS ALTAS

Los investigadores pudieron revisar que el motivo de semejantes prácticas era percibir las comisiones por nuevas altas que daba la compañía a la que derivaban fraudulentamente a los clientes del servicio. Los agentes asimismo advirtieron como la compañía «fuerza de ventas» de la mercantil donde se anotaban a los nuevos clientes del servicio, a su vez subcontrataba nuevas sociedades para la captación de más clientes del servicio, lo que suponía que un sinnúmero de datos personales de personas se filtrasen cara semejantes subcontratas.

Los investigadores han informado de estos hechos a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por si las prácticas comerciales de las compañías «fuerza de ventas» pudiesen ser constitutivas de una infracción contraria a la normativa de defensa de la competencia. Asimismo se notificó a la Agencia De España de Protección de Datos sobre las medidas de protección y filtraciones de los datos personales de los usuarios por si fuesen constitutivos de infracción en la normativa de protección de datos de carácter personal por la parte de sociedades distribuidoras y comercializadoras contratantes de esas empresas de call center investigadas, susceptibles de corrección o sanción.