Los datos provisionales se han basado en la situación económica, poblacional, el nivel de empleo y el esfuerzo previo de cada región en la acogida de menores migrantes.
Este martes se ha realizado la distribución de los menores no acompañados que han solicitado ayuda en España, un proceso que ha generado controversia entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La clave de este reparto se basa en una fórmula que asigna un menor por cada 2.500 habitantes, lo que ha provocado que algunas regiones reciban un número mayor de menores y otras, considerablemente menos. En total, 4.400 menores han solicitado asilo, y algunas comunidades ya han alertado al Ejecutivo central de que «no dan abasto» para acogerlos.
El Gobierno, consciente de las diferencias en la capacidad de acogida, ha solicitado a las comunidades datos certificados y actualizados sobre su esfuerzo actual, ya que consideran que algunas regiones podrían estar «hinchando» las cifras. Sin embargo, a pesar de estos intentos por regularizar el proceso, ya han surgido las primeras tensiones, especialmente en las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), que han mostrado su rechazo al reparto tal como ha sido propuesto.
Desde Génova, la dirección del PP asegura que cumplirán con la ley, pero solo si el Gobierno proporciona los recursos económicos necesarios. Argumentan que muchos territorios, especialmente los más poblados, ya están saturados y no pueden asumir la acogida de más menores con las garantías que exige la ley.
El PP destaca que la distribución debe basarse en criterios más amplios, no solo en población, sino también en renta, desempleo y el esfuerzo previo realizado en la acogida de migrantes. De lo contrario, advierten, la distribución sería injusta y poco realista.
En este contexto, las comunidades más pobladas y gobernadas por el PP serán las que más menores recibirán. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana se verán especialmente afectadas, con cifras que rondan los 800 menores en la primera, unos 500 en la segunda y una cantidad similar en la tercera.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que llevará el decreto a los tribunales, argumentando que la región no puede asumir tal carga sin el respaldo económico adecuado. Andalucía, por su parte, ha exigido que se tengan en cuenta sus particularidades como comunidad fronteriza con Marruecos y su ya elevado nivel de presión migratoria.
Por otro lado, entre las comunidades que menos menores recibirán, se encuentran Cataluña y Euskadi, aunque por diferentes razones. Cataluña ha logrado una distribución favorable debido al «esfuerzo previo» que han realizado.
La Comunitat Valenciana acogerá a 478 menores migrantes según cálculos provisionales del Gobierno
La Comunitat Valenciana se prepara para recibir un total de 478 menores migrantes, según las estimaciones iniciales derivadas del acuerdo entre el Gobierno y Junts, aprobado este martes por el Consejo de Ministros para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta cifra posiciona a la región, junto a Madrid y Andalucía, como una de las comunidades autónomas que más menores migrantes tendrán que acoger en el marco de esta reforma.
De acuerdo con los cálculos provisionales confirmados por fuentes gubernamentales, las regiones que lideran en el número de menores a recibir son la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y la Comunitat Valenciana (478). En contraste, otras zonas como Cataluña (27), Melilla (34), Baleares (59) y el País Vasco (88) se encuentran entre las que menos niños y adolescentes acogerán, debido al «esfuerzo previo» que han realizado en esta materia.
Estas cifras, sin embargo, no son definitivas. El Gobierno ha trabajado con proyecciones preliminares, pero las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para presentar el número actual de menores migrantes que ya tienen en acogida. Esta información permitirá ajustar los cálculos y determinar con precisión la capacidad de cada territorio.
Los datos provisionales se han elaborado en base a criterios que consideran la situación económica, poblacional, el nivel de empleo y el esfuerzo previo de cada región en la acogida de menores migrantes. Según estas estimaciones, tras Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana, las comunidades con mayor asignación serían Galicia, con 326; Castilla y León, con 309; Castilla-La Mancha, con 291; Murcia, con 190; Aragón, con 186; Cantabria, con 170; Extremadura, con 169; Navarra, con 164; La Rioja, con 154; Asturias, con 151; Euskadi, con 87; Baleares, con 58; Melilla, con 34; y Cataluña, con 26, que serán las que menos niños y adolescentes acojan debido al «esfuerzo previo» que han realizado.
En este contexto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido este miércoles desde el Congreso que las comunidades que no aporten sus datos actualizados antes del plazo establecido deberán atenerse a los criterios ya existentes. «Nos fiaremos de los criterios que tenemos garantizados o que nos han facilitado a finales del 2023», ha señalado Rego en declaraciones a los medios. Además, ha anunciado que este mismo miércoles se enviará una comunicación oficial a las comunidades autónomas para reclamar la información necesaria.
Fotografía portada: X/@openarms_fund.
