
Ortolá, "en calidad de ciudadano", realizó las solicitudes pertinentes para revisar las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Castellón a través del registro general.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha interpuesto hoy una querella criminal contra Ignasi Garcia, portavoz de Compromís en el consistorio, por presuntamente allanar su despacho privado. La querella ha sido formalizada ante el Juzgado de Castellón, dando inicio a una acción legal para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 7 de noviembre, según ha informado Vox.
Ortolá ha señalado que Ignasi Garcia no solo accedió a su despacho sin su permiso, sino que «también lo ha reconocido públicamente ante diferentes medios de comunicación, lo que agrava aún más la situación». El portavoz de Vox ha subrayado que este hecho representa «una violación directa a los principios democráticos y de respeto hacia las instituciones». En sus palabras, «Ignasi Garcia debe dar explicaciones ante la justicia».
Según Ortolá, «el artículo 203.3 del Código Penal establece que el allanamiento de despacho es un delito que conlleva penas de entre 6 meses y 1 año de prisión, además de multas que oscilan entre los 6 y 10 meses». También ha señalado que este acto tiene un «carácter agravado» debido «al conocimiento previo que García posee sobre las dependencias municipales», lo que, a juicio de Ortolá, «evidencia una intención claramente deliberada».
Los hechos ocurridos el 7 de noviembre
Los hechos que motivan la querella se remontan al 7 de noviembre, cuando, según Vox, diversas asociaciones de extrema izquierda y separatistas convocaron una manifestación en la plaza Mayor de Castellón a las 20.00 horas. Durante dicho evento, varias personas fueron sorprendidas por las luces encendidas en el despacho de Antonio Ortolá, a pesar de que el portavoz de Vox no se encontraba en el edificio en ese momento.
Tras ser informado sobre la situación, Ortolá, en calidad de ciudadano, realizó las solicitudes pertinentes para revisar las cámaras de seguridad del Ayuntamiento a través del registro general. «Tal y como se puede leer en el informe realizado por la Policía Local, dos personas se adentran en el pasillo en el que se encuentran los despachos de varios concejales de la Corporación Municipal, concretamente los ubicados en un pasillo interior de la citada planta», ha señalado Vox.
Además, según ha informado la formación, en las redes sociales oficiales de Compromís per Castelló (@CompromisCS) se publicó una fotografía de la plaza Mayor que, según se observa, «fue tomada desde el interior de un despacho que es el de Antonio Ortolá». Imágenes captadas por medios de comunicación «muestran claramente la luz del despacho encendida durante la manifestación, que se enciende de forma automática a través de un detector de movimiento».
Evidencias de un posible allanamiento
El portavoz de Vox ha subrayado que existen evidencias que confirman que Ignasi Garcia accedió al edificio acompañado de otra persona durante esa hora. «Todas estas pruebas han sido aportadas ante el juez como muestra de que, presuntamente, el portavoz de Compromís accedió a mi despacho sin mi consentimiento, cometiendo un posible delito de allanamiento de despacho», ha declarado Ortolá.
Como cualquier persona normal, tengo en mi despacho documentos de absoluta confidencialidad, muchos de ellos relacionados con mi labor pública.
Ha indicado Ortolá, quien se ha cuestionado si Ignasi Garcia «ojeó» sus documentos y «qué información buscaba». Aunque no se tiene certeza sobre lo que ocurrió, Ortolá ha afirmado que es algo que Garcia tendrá que explicar ante un juez.
Un acto intolerable, según Ortolá
El portavoz de Vox ha calificado el presunto allanamiento de «acto intolerable que demuestra un absoluto desprecio por las normas y las instituciones». Según Ortolá, si se confirma la veracidad de los hechos, se trataría de un hecho extremadamente grave que no puede quedar impune. «Ignasi Garcia debe dimitir de inmediato», ha afirmado Ortolá.
El portavoz de Vox también ha añadido que, si bien pueden existir disputas políticas y legítimos intercambios de ideas, «hay líneas rojas que no se deben cruzar». En su opinión, este caso supone una violación flagrante de los principios democráticos, alcanzando el ámbito penal. «El respeto por las instituciones y los principios democráticos son esenciales para la convivencia política», ha concluido Ortolá.