Almassora activa el pago de 532.000 euros de la sentencia por la gestión urbanística de 2013

Los fondos provienen de un préstamo para evitar desatender los proyectos previstos para 2021

El Ayuntamiento de Almassora ha activado el trámite para el pago de 532.399,3 euros de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obliga a abonar unos terrenos con acceso desde la calle Cabanes. El expediente de modificación de crédito aprobado en julio por la corporación ha entrado en vigor después de que el TSJ estimara el recurso contencioso-administrativo de los propietarios.

Cabe recordar que los dueños de la parcela ubicada en las inmediaciones del IES Álvaro Falomir instaron al Ayuntamiento a iniciar la expropiación en el año 2013 y, ante el silencio administrativo del entonces equipo de gobierno del Partido Popular, fue el jurado Provincial de Expropiación Forzosa el que resolvió la cuantía a pagar por el consistorio.

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha indicado que la administración local ya abonó 308.755,78 euros con cargo al presupuesto municipal de 2017 por este litigio y, de nuevo,

los vecinos tenemos que hacer frente ahora a otro gasto para pagar la totalidad marcada por los tribunales por esta parcela junto al instituto de Boqueras.

En concreto, se trata de unos terrenos de 3.729 metros cuadrados calificados como suelo dotacional docente por los que la propiedad reclamó 3.223.845,36 euros en 2015, después de que el Ayuntamiento de Almassora ignorara su obligación de expropiar, según marca la legislación valenciana.

Pese a que el proceso no está cerrado y el consistorio ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el pleno del consistorio se vio obligado este verano a aprobar la modificación de crédito para reservar estos fondos y así garantizar el cumplimiento de la sentencia en caso de no prosperar el recurso municipal.

La suma aportada en la sesión plenaria del mes de julio por el consistorio proviene de un préstamo con el objetivo de hacer frente a las obligaciones judiciales sin desatender ninguno de los proyectos previstos para el ejercicio actual.

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