Este asunto vuelve a ser cuestionado por la empresa BP, instalada en el polígono del Serrallo, tal como ocurrió en 2006.
El próximo lunes, el pleno del Ayuntamiento de Almassora abordará una moción presentada por la alcaldesa, María Tormo, para la defensa de la legalidad de las viviendas ubicadas en la zona de la playa, las cuales están incluidas dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el 5 de noviembre de 1998, con todos los informes favorables.
Este asunto vuelve a ser cuestionado por la empresa BP, instalada en el polígono del Serrallo, tal como ocurrió en 2006. Sin embargo, esta vez la compañía ha decidido recurrir a la vía judicial, presentando una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón contra el Plan Acústico Municipal (PAM). En esta demanda, además de oponerse al PAM, BP solicita que se excluyan del planeamiento urbano las viviendas situadas cerca del polígono industrial.
Ante esta situación, la alcaldesa se ha reunido con los portavoces de los demás grupos municipales para abordar el problema y transmitirles el documento «para que pueda convertirse en una declaración institucional e ir todos juntos de la mano en un asunto de máxima importancia para Almassora y para los almassorins».
Cualquier injerencia chocará frontalmente con el Ayuntamiento de Almassora, que defenderá siempre el interés legítimo de los propietarios de dichas viviendas.
Ha subrayado Tormo.
Asimismo, la alcaldesa ha enfatizado que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Almassora están trabajando en ese asunto, porque defenderemos a ultranza en los tribunales los intereses de nuestro pueblo con todas las herramientas legales a nuestro alcance».
En la moción que será presentada, se argumenta que, al analizar la situación urbanística del municipio,
Queda perfectamente demostrado que la clasificación como urbanizable del suelo de Almassora afectado es anterior a la instalación de la mayoría de las industrias de dicho polígono.
De hecho, se destaca que ya en los años 60 existían edificaciones residenciales en la zona de la playa de Almassora, mientras que BP no se estableció allí hasta 1967. Además, en ese entonces ya existían núcleos de apartamentos como los de Benafelí, Catalans, Panyet de San Ramón y otros. Recuerda la primera edil.
Además, la moción recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana actual, aprobado el 1 de diciembre de 1998, recibió la aprobación definitiva por parte de la Generalitat Valenciana, con todos los informes favorables. Durante el trámite de información pública correspondiente, no se presentaron alegaciones relativas a la proximidad del polígono El Serrallo ni por parte de la empresa BP ni de ninguna otra administración autonómica o estatal.
Por todo ello, se propondrá al pleno del Ayuntamiento de Almassora el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Ratificar el compromiso claro y decidido de la Corporación municipal en la defensa de los intereses de los vecinos de Almassora y sus propiedades y bienes ubicados en el litoral ante cualquier tipo de planteamiento por parte de las empresas ubicadas en el polígono de El Serrallo relativo a cuestionar la «existencia» de las edificaciones ubicadas en dicha zona.
SEGUNDO: Ratificar y respaldar a la Alcaldía y, por ende, al Ayuntamiento de Almassora, en cuantas acciones se tomen para exigir de los organismos y administraciones competentes que realicen las inspecciones necesarias a las empresas ubicadas en el Polígono El Serrallo, para verificar el estricto cumplimiento por parte de estas de toda la normativa medioambiental o de riesgos que les sea de aplicación, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de los vecinos, propiedades y bienes situados en el término municipal de Almassora.
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Castellón; a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio; a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; a la Conselleria de Justicia y Administración Pública; así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Industria y Turismo, para su conocimiento y las acciones que procedan.
Concluye.
Fotografía portada: Archivo GVA.
