El informe, bajo el título ‘Tengo pesadillas en las que suena esa alarma’, también destaca la desorganización y ausencia de coordinación entre los diferentes niveles de la Administración.
Una reciente investigación de Amnistía Internacional expone cómo las autoridades de la Generalitat Valenciana incurrieron en violaciones del derecho a la vida y a la integridad física de cientos de personas y pusieron en riesgo a miles más, al no proporcionar información clara, accesible y oportuna sobre la magnitud y naturaleza de la DANA. La organización también apunta a la descoordinación entre distintos niveles de gobierno en los días posteriores al desastre, así como a la ausencia de un enfoque basado en derechos humanos que incluyera la participación efectiva de las víctimas, lo que generó una percepción generalizada de abandono, según numerosos testimonios recogidos.
El informe también analiza cómo la difusión de bulos y noticias falsas agravó la vulnerabilidad de las personas afectadas, afectando sus derechos fundamentales. El próximo 29 de abril se cumple medio año desde que la DANA descargó lluvias torrenciales extremas sobre varias comunidades autónomas, causando la muerte de 235 personas, 227 de ellas en la provincia de Valencia.
El documento, titulado «Tengo pesadillas en las que suena esa alarma«, denuncia que la Generalitat, «responsable directa de coordinar la emergencia», no actuó con la debida diligencia para informar adecuadamente a la población, lo que contribuyó a que miles quedaran desprotegidas y cientos sufrieran graves consecuencias que, en parte, pudieron haberse evitado. Amnistía Internacional considera que esta omisión vulnera el derecho a la información, amparado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y sustentado por el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como por los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además, señala que, dicha actuación contradice también la normativa española y autonómica sobre protección civil, que reconoce el derecho de las personas a recibir información sobre los riesgos que enfrentan y las medidas de seguridad necesarias en casos de desastre.
El investigador de Amnistía Internacional y autor del informe, Daniel Canales, afirma,
Las personas con las que hablamos coincidieron en que se sintieron desprotegidas antes, durante y después del desastre. El Estado español, en todos sus niveles, falló en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Por ello, se requiere rendición de cuentas a través de investigaciones independientes que garanticen justicia, reparación y verdad para las víctimas, y que propicien una reforma profunda del sistema de protección civil. Apunta.
Los relatos de las víctimas ilustran con crudeza las consecuencias humanas de esta crisis. José Manuel, de Alfafar, permaneció seis horas encaramado a un semáforo tras recibir la alerta demasiado tarde. Su hermano murió mientras intentaba rescatar a una mujer atrapada en su coche. Meri, vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe, quien fue visto por última vez esperando ayuda en lo alto de una valla; fue encontrado diez días después gracias al esfuerzo de voluntarios. Marta (nombre ficticio), de Picanya, se movilizó por su cuenta con familiares y conocidos para hallar a su padre desaparecido, ante la falta total de respuesta institucional. Lo hallaron gracias a un aviso en redes sociales. Ella afirma con dolor: “Por no tomar decisiones, mi padre está muerto”.
Responsabilidades compartidas, pero mal asumidas
Tal como ha indicado también la jueza de instrucción de Catarroja, actualmente al frente de una investigación sobre lo ocurrido, Amnistía Internacional sostiene que la Generalitat Valenciana tenía la responsabilidad directa de liderar la emergencia en la provincia. A pesar de ello, «no adoptó las medidas necesarias para alertar eficazmente a la ciudadanía ni garantizar su seguridad».
El Gobierno central, por su parte, tampoco ejerció la autoridad que le otorga la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para tomar el control de la gestión de la emergencia. Desde el Ministerio del Interior se explicó a Amnistía que esa intervención solo es posible si lo solicita el gobierno autonómico, lo cual no ocurrió. Sin embargo, la organización considera que en situaciones de alcance interregional como la DANA, el Ejecutivo central tenía capacidad para actuar de forma autónoma.
Asimismo, el presidente de la Generalitat no asumió personalmente la dirección de la emergencia, a pesar de que la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana le facultaba para hacerlo, incluso cuando la crisis ya estaba fuera de control. Asevera el investigador, Daniel Canales.
Amnistía Internacional subraya que, según el derecho internacional, la responsabilidad estatal en este tipo de desastres es única e ineludible, sin que el reparto interno de competencias pueda servir de excusa para eludirla. Por lo tanto, se exige una actuación coordinada entre todos los niveles de gobierno, tal como lo establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La organización también advierte que es urgente reforzar la capacidad de respuesta de los municipios mediante servicios de protección civil dotados de personal especializado. Los Ayuntamientos de las localidades más afectadas —Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa— manifestaron no haber recibido información suficiente ni precisa el 29 de octubre de 2024. El mensaje ES-Alert fue emitido de forma tardía, y la comunicación institucional hacia los gobiernos locales fue prácticamente inexistente.
Falta de apoyo en los días posteriores a la DANA
La descoordinación persistió en los días siguientes a la catástrofe, provocando que la asistencia llegara de forma desigual y dependiera en muchos casos de la solidaridad vecinal o de la autoorganización ciudadana. Autoridades locales señalaron esta situación: Alfafar denunció haber quedado aislado durante tres días, lo que describieron como una omisión del deber de socorro. En Benetússer se vivió una situación de caos y abandono, mientras que en Paiporta criticaron los obstáculos burocráticos para solicitar ayuda y la falta de presencia del Puesto de Mando Avanzado. Catarroja también expresó preocupación por la ausencia de directrices claras, y Massanassa y Picanya denunciaron la descoordinación general entre administraciones.
Canales subraya que esta fase inicial de recuperación no incorporó un enfoque basado en los derechos humanos, lo cual habría garantizado que las personas afectadas participaran activamente en las decisiones que les afectan.
Los testimonios son reveladores: Meri relató que, incluso en los días posteriores, la falta de información fue total.
Buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. El sexto día comenzaron a llegar mensajes recomendando usar mascarillas y guantes, cuando llevábamos días entre lodo, sin agua y sin higiene. Nadie nos avisó de nada.
Explica.
En el caso de Carlos, padre de Katrin, sobreviviente de Picanya con movilidad reducida, su vivienda fue arrasada. Pudo salvarse gracias a un vecino. Sin embargo, la mayoría de sus vecinos murieron. Fue realojado temporalmente en una residencia, sin acceso a los servicios médico-sociales por no tener condición de residente. Según Katrin, fue extremadamente complicado obtener información sobre la vivienda o gestionar trámites con el seguro,
Nadie sabía qué iba a pasar con nosotros. Nos movieron de un sitio a otro como si no tuviéramos control sobre nuestras vidas.
Impacto en los más vulnerables
La tragedia golpeó especialmente a personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida. Cerca de la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años y muchas vivían solas o en pisos bajos. La falta de información temprana fue particularmente grave para ellas.
Teresa, de Paiporta, relató cómo sobrevivió junto a sus padres, de 84 y 87 años, en una planta baja. Su madre pudo subir al piso superior, pero su padre, con la cadera rota, no. Pasaron horas en el agua. «Pensé que íbamos a morir los tres. Mi padre pedía una manta porque tenía frío, estaba tumbado sobre la mesa del comedor… menos mal que flotaba», recordó.
Efectos de la desinformación
El informe también detalla cómo los bulos afectaron a los derechos de la población. Un ejemplo claro fue el falso rumor sobre la ruptura de la presa de Forata, lo cual provocó el pánico entre los vecinos. Soraya, de Picanya, recuerda cómo un coche de la Guardia Civil pasó gritando por la calle que todos subieran a las plantas altas.
El día 30, sobre las 11 de la mañana, vi un coche de la Guardia Civil, con un agente gritando por la ventanilla que todo el mundo se subiera a las primeras plantas porque se había roto la presa de Forata. Me asusté muchísimo y me dije a mí misma ‘otra vez no, por favor’. Entonces empecé a correr y a alertar a las personas que me encontraba por la calle, y al poco el pueblo quedó vacío. Sólo más tarde supimos que esto no era cierto
Cuenta.
Amnistía Internacional insiste en que la mejor manera de contrarrestar la desinformación es crear un sistema de información pública rápido, veraz y accesible, que aumente la confianza de la ciudadanía. Esteban Beltrán, director de la sección española de la organización, subraya que las autoridades deben duplicar sus esfuerzos para comunicar de forma fiable, con datos contrastados, incluyendo las acciones que están tomando para proteger a la población.
Recomendaciones finales
En el documento presentado, la organización detalla un conjunto de catorce recomendaciones dirigidas a diversas instancias del Estado: la Generalitat Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y las administraciones municipales. Estas sugerencias buscan garantizar que, en el futuro, una gestión deficiente ante una catástrofe ambiental no vuelva a traducirse en la vulneración del derecho a la vida ni de la integridad física de la población afectada.
Además de promover investigaciones penales exhaustivas, independientes y transparentes, entre las recomendaciones Amnistía Internacional destaca tres recomendaciones clave que considera fundamentales.
En primer lugar, insiste en la necesidad de revisar de manera integral los sistemas de comunicación, avisos y alertas incluidos en el Sistema de Protección Civil.
Esta revisión debe abarcar tanto los aspectos técnicos como los de toma de decisiones, con el objetivo de incorporar las lecciones aprendidas y los estándares internacionales más actualizados. También se subraya la importancia de garantizar que los Planes de Protección Civil sean implementados de forma efectiva, contando con personal especializado y capacitado. Además, se plantea la necesidad de establecer un protocolo específico para el uso del sistema ES-Alert dentro de dichos planes, asegurando que los responsables tengan claro cuándo y cómo utilizar esta herramienta de forma eficaz.
La segunda recomendación pone el acento en adoptar un enfoque basado en la participación activa de la ciudadanía. Amnistía Internacional señala que los procesos de toma de decisiones, planificación y seguimiento de las acciones de recuperación deben incluir de manera real y efectiva a las personas y comunidades directamente afectadas por la catástrofe. Este enfoque participativo debe garantizar una comunicación constante con la población y situar los derechos humanos como eje central de toda respuesta institucional ante una emergencia como la vivida con la DANA.
Finalmente, la tercera recomendación se orienta a la educación y la concienciación ciudadana. Se propone el diseño y la implementación de programas de formación y sensibilización dirigidos a la población en general sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia. Estos planes deberían incluir ejercicios prácticos, simulacros y formación desde edades tempranas en el entorno escolar, incorporando contenidos sobre autoprotección, prevención y respuesta frente a riesgos y emergencias, especialmente aquellos derivados de fenómenos climáticos extremos.
