Además de responsabilizar a su segundo al mando, Jorge Suárez, también apuntó al gabinete de comunicación del servicio valenciano de Emergencias, entre otros."
Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha comparecido hoy como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por su gestión durante la trágica DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 fallecidos. En su declaración, Argüeso ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, de haber indicado que «no se debían tener en cuenta las llamadas recibidas por el 112«, argumentando que “en un accidente de circulación llaman 50 personas”.
Durante su intervención ante el juzgado, el exsecretario autonómico de Emergencias no solo dirigió sus críticas hacia su segundo al mando, Jorge Suárez, sino que también señaló al gabinete de comunicación del servicio valenciano de Emergencias como parte responsable de la falta de información durante la DANA.
Según su testimonio, el equipo de prensa no trasladó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) lo que estaba ocurriendo en el exterior mientras se desarrollaba la emergencia. Incluso llegó a identificar por su nombre a la persona responsable del gabinete, a quien acusó de «no haber transmitido ninguna información relevante sobre la situación fuera del centro de coordinación».
Argüeso también ha señalado que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ordenó a Suárez declarar el nivel 2 de emergencia a las 15:00 horas y convocar el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), pero esta reunión no se celebró hasta cerca de las 17:00 horas. Además, ha acusado al exresponsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, de no informar sobre la retirada de los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo, un punto crítico durante las inundaciones. Según Argüeso, solo recientemente supo de esta decisión.
En relación con la crecida del barranco del Poyo, Argüeso ha asegurado que ni Suárez ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ambos presentes en el Cecopi, comunicaron los avisos automáticos sobre el aumento del caudal, que también habrían llegado a la Delegación del Gobierno «sin ser notificados». Argüeso ha subrayado que ninguna autoridad propuso elevar el nivel de emergencia de 2 a 3.
Defensa de Mazón y su actuación personal
El exsecretario autonómico ha defendido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmando que no estaba convocado al Cecopi ni tenía obligación de asistir. Según Argüeso, Mazón se incorporó a las 20:28 horas y su puesta al día fue inmediata, en apenas “tres minutos”. Además, ha relatado que, frustrado por la falta de respuesta a sus peticiones de rescate, se trasladó al centro del 112, donde asegura que “salvó muchas vidas” coordinando esfuerzos directamente.
Argüeso ha detallado su actividad el 29 de octubre, incluyendo su presencia en la comarca de La Ribera junto a Pradas, donde a las 14:44 horas advirtió en un mensaje que “los barrancos están a punto de colapsar”. Este mensaje, parte de un informe pericial presentado al juzgado, refleja la gravedad de la situación horas antes de que se emitiera la alerta ES-Alert a las 20:11 horas, considerada tardía por la jueza Nuria Ruiz Tobarra.
Contexto judicial y reacciones
La declaración de Argüeso se produce en un contexto de alta tensión. A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, fue recibido con gritos de “asesinos” y “di la verdad” por parte de familiares de víctimas y asociaciones, que exigen responsabilidades por la gestión de la catástrofe. La Policía intervino para calmar los ánimos, retirando incluso un megáfono a uno de los manifestantes.
La jueza Ruiz Tobarra, que ha señalado desde el inicio la “inactividad patente” de la Generalitat, imputó a Pradas y Argüeso por un presunto retraso en las medidas de protección civil, como la convocatoria del Cecopi y el envío de alertas a la población. Según un auto judicial, «la Generalitat tenía información suficiente desde la mañana del 29 de octubre, incluyendo avisos de Aemet, llamadas al 112 y datos de la CHJ, para actuar con mayor celeridad».
Fuentes oficiales y ampliación
La Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), reportó que el 112 recibió 19.821 llamadas el día de la DANA, 6.527 de ellas en las tres horas previas a la alerta. Un informe oficial de la AVSRE, remitido al juzgado, detalla que el sistema de emergencias estaba saturado, lo que complicó la coordinación. Sin embargo, una trabajadora del 112, Amparo López, contradijo a Argüeso al declarar que “es imposible que la información no llegara al Cecopi”, ya que «los protocolos aseguran la comunicación entre ambos organismos».
Por su parte, la CHJ ha defendido que los datos sobre el barranco del Poyo estaban disponibles en el sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), accesible para las autoridades autonómicas.
Críticas y debate político
La declaración de Argüeso ha generado reacciones inmediatas. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a los investigados de “ensuciar la honorabilidad de los técnicos” para proteger a Mazón. En la misma línea, el PSOE ha señalado que las imputaciones reflejan una “negligencia grave” en la gestión de la crisis. Desde el PP, se insiste en que la Generalitat actuó con la información disponible, destacando que el desbordamiento del Poyo no fue comunicado por la CHJ.
Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, concluyó su comparecencia como investigado ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja alrededor de las 14:30 horas. Su declaración forma parte de la investigación penal abierta por la gestión de la DANA.
Hasta el momento, tanto Argüeso como la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, son las únicas personas que figuran como investigadas en el proceso.
La jueza encargada del caso ha convocado también a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, para que presten declaración el próximo lunes. Ambos han sido citados en calidad de testigos.
La investigación sigue abierta, con la jueza solicitando más documentación, como el listado de empleados del 112 y un informe detallado de las instalaciones del Cecopi. Mientras tanto, las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia, manteniendo la presión con manifestaciones que reclaman la dimisión de Mazón y una rendición de cuentas completa por la tragedia que devastó la Comunidad Valenciana.
Fotografía portada: Archivo/GVA.
