El juzgado eleva a 225 las víctimas mortales de la DANA en Valencia tras incluir a una mujer fallecida "tras quedar sin la asistencia médica que requería".
El juzgado encargado de la investigación sobre la gestión de la dana que afectó a la provincia de Valencia ha elevado a 225 el número de víctimas mortales, tras incorporar a una mujer que padecía leucemia. Anteriormente, el número de fallecidos era de 224, además de tres personas desaparecidas.
La nueva víctima, según se detalla en un auto notificado este lunes, era una mujer que requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno. «Tras quedar sin esta asistencia», falleció el 12 de noviembre del año pasado en el Hospital La Fe.
Esta mujer requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y que, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital La Fe el 12 de noviembre del pasado año.
En dicho auto, la jueza instructora subraya que el aviso a la población mediante el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo». Además, resalta que la dana «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto», dado que su avance y desarrollo había sido anunciado con antelación por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De hecho, según la jueza, la Universitat de València suspendió todas sus actividades debido a las alertas meteorológicas recibidas. En su opinión, estas previsiones debieron haber llevado a la convocatoria, al menos por la mañana de ese mismo día, del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), «al objeto cuanto menos de avisar a la población».
El auto también detalla cómo los medios de comunicación ofrecieron información constante sobre la alerta meteorológica a lo largo de todo el día, con reportajes en directo por parte de la televisión autonómica À Punt. En sus emisiones, se informaba de los desbordamientos en localidades como Chiva o Utiel minutos después de las 15:00 horas, en los que se reportó el desbordamiento del barranco del Gallo y del río Magro, respectivamente. La jueza considera que la convocatoria del Cecopi a las 17:00 horas de ese día «se llevó a cabo con una gran demora», y que la toma de decisiones por parte de la Administración autonómica, orientadas a alertar a la población, se produjo con «un retraso aún mayor».
A lo largo de su informe, la jueza sostiene que la información sobre la gravedad de la situación «había sobrado», y que se había distribuido a través de Aemet, el teléfono de emergencias 112, los medios de comunicación y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según la jueza, «el problema no residiría en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión».
Fotografía portada: DANA Valencia 2024/X-@pilarbernabe
