AVA-ASAJA valora la contratación de dos potencias eléctricas al año y las bonificaciones de insumos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se suma a su organización nacional ASAJA a la hora de valorar de manera positiva la inclusión, en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, de la posibilidad de que los agricultores “puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, así como la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente”.

AVA-ASAJA recuerda que ambas medidas son reivindicaciones de esta organización agraria a nivel autonómico y estatal y reclama su puesta en marcha de forma inmediata y también solicita al Gobierno que vele por el «cumplimiento estricto y riguroso de la citada reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, publicada en el BOE, a fin de lograr unos precios más justos para los productores y reequilibrar las relaciones entre los distintos eslabones de la cadena».

Según continúan explicando fuentes de la organización agraria, «debe ser el Gobierno el encargado de garantizar que las relaciones comerciales del sector agroalimentario sean más justas, equilibradas y transparentes. Ello contribuiría a mejorar la crítica situación por la que atraviesan miles de productores, inmersos en una dura crisis de rentabilidad, al no poder repercutir sus costes en el precio de venta de sus productos».

Entre los aspectos más relevantes contenidos en esta reforma está la prohibición de destrucción del valor de los productos agroalimentarios. Es decir, cada operador interviniente debe pagar al operador anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Queda prohibida la venta a pérdidas y los costes de producción son la base de la negociación de los contratos escritos, que serán obligatorios en todas las operaciones comerciales, salvo contadas excepciones.

En relación a los costes de producción, AVA-ASAJA defiende que resulta imprescindible que haya una referencia de costes de producción oficiales, que todos los contratos se recojan en el registro digital oficial y que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ve fortalecido su papel, vele por el cumplimiento continuado de la Ley.

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