Susana Camarero también ha rechazado que Carlos Mazón sea imputado en la investigación judicial sobre las responsabilidades penales en la gestión de la DANA.
La vicepresidenta del Consell y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha salido este miércoles en defensa de la actuación del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, dejando 228 fallecidos y un reguero de destrucción. En un coloquio organizado por un coloquio organizado por ‘Artículo 14’- Pioneras 14, Camarero ha respondido a las críticas sobre la actuación de Mazón, afirmando que “estaba trabajando” y que las acusaciones sobre su paradero son “una polémica interesada por la izquierda valenciana, que no ha entendido el resultado de las últimas elecciones”.
Camarero ha detallado que aquel día Mazón comenzó con una reunión del Consell, mantuvo un encuentro con sindicatos para abordar los presupuestos de 2025 y, posteriormente,
Tuvo una reunión, mantuvo su agenda y luego estuvo trabajando en el Palau de la Generalitat.
Según la vicepresidenta, el foco no debería estar en dónde estaba el president, sino en “qué información tenía para tomar decisiones”. En este sentido, ha insistido en que “no tenía información para hacer otra cosa de lo que hicimos”, apuntando a una supuesta «falta de datos clave» por parte de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ambos dependientes del Gobierno central.
La vicepresidenta ha descartado cualquier posibilidad de dimisión en el seno del Ejecutivo valenciano, subrayando que los presupuestos recién acordados con Vox no han implicado “ningún precio o concesión” a esta formación, socio de gobierno hasta julio de 2024. Asimismo, ha rechazado que Mazón pueda ser imputado en la investigación judicial que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja sobre las posibles responsabilidades penales en la gestión de la catástrofe.
No será imputado porque no era su responsabilidad lanzar la alerta ni estar presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Ha afirmado, explicando que este órgano está liderado por “dos cabezas”: la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por parte del Estado, y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, por la Generalitat. Pradas fue cesada semanas después de la DANA, y Camarero ha expresado que “el deseo de Salomé es conocer la verdad” en el proceso judicial.
Camarero ha cargado contra el Gobierno central, acusando al presidente Pedro Sánchez de “haber huido de Paiporta” –en referencia a su visita a la zona afectada, marcada por protestas– y a la Delegada del Gobierno de no haber movilizado suficientemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar los pillajes en los días posteriores a la tragedia. Además, ha reiterado que no hubo información adecuada sobre el riesgo de desbordamiento del Barranco del Poyo, principal causante de las inundaciones en el área metropolitana sur de Valencia, responsabilizando de ello a la CHJ y Aemet.
Reconstrucción y crispación política
En cuanto a la reconstrucción, Camarero ha destacado la “diligencia y rapidez” del Consell en la entrega de ayudas, en contraste con lo que considera una respuesta más lenta del Gobierno central. “La ayuda depende de todos, hay una corresponsabilidad”, ha señalado, lamentando que “unos estábamos en la urgencia y otros en intentar sacar rédito político”. Según datos oficiales de la Generalitat, hasta marzo de 2025 se han invertido más de 1.800 millones de euros en la recuperación, de los cuales 900 millones corresponden a ayudas directas a los afectados.
La vicepresidenta ha confesado el impacto emocional de la tragedia,
Tanto para mí como para el resto de los miembros del Consell están siendo los cinco meses más dolorosos de toda nuestra vida.
También ha alertado sobre la creciente crispación política, mencionando la reciente detención de una persona por ataques al president y advirtiendo que “se está llegando a determinados límites” que podrían derivar en “problemas mayores no deseables” si la tensión parlamentaria se traslada a la calle.
Contexto judicial y oficial
La investigación judicial, liderada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, se centra en el retraso del envío de la alerta ES-Alert, emitida a las 20:11 del 29 de octubre, cuando las inundaciones ya habían comenzado dejando a su paso cinetos de víctimas. Según informes remitidos al juzgado por la Generalitat, la decisión fue tomada de forma “colegiada” en el Cecopi, aunque persisten dudas sobre quién dio la orden concreta.
La Fiscalía ha respaldado,
La competencia en la gestión de la emergencia recaía exclusivamente en la Generalitat, conforme al Estatuto de Autonomía.
Mientras que el Gobierno central ha defendido que Aemet y la CHJ proporcionaron información suficiente, incluyendo 198 correos electrónicos y avisos específicos sobre el Barranco del Poyo.
Fuentes oficiales del Ministerio del Interior han destacado que la Guardia Civil realizó 6.000 rescates los días 29 y 30 de octubre con 1.231 agentes desplegados, desmintiendo las acusaciones de inacción. Por su parte, la Generalitat ha reconocido que el 30 de octubre rechazó 26 ofrecimientos de ayuda de otras comunidades autónomas, una decisión atribuida a los técnicos de Emergencias, según documentación enviada al juzgado.
Camarero ha concluido reafirmando el compromiso del Consell con la reconstrucción y la búsqueda de respuestas, mientras el debate político y judicial sigue abierto, con la oposición exigiendo responsabilidades y el Gobierno valenciano señalando al Ejecutivo central como responsable de las supuestas carencias informativas.
