Carrasco: “La deuda de Ximo Puig y Mónica Oltra con la ciudad de Castellón ya supera los 3 millones de euros”

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denuncia que “solo de octubre de 2019 a enero de 2020, el impago que mantiene la Generalitat con el consistorio se ha incrementado en 800.000 euros más, de manera que cada día se han perdido 6.000 euros de financiación autonómica para desgracia de todos los castellonenses”.

“La deuda de la Generalitat Valenciana con los vecinos de la capital de la Plana, de 3.099.551 euros, se concentra en el Fondo de Cooperación Municipal y en los Servicios Sociales, precisamente las dos áreas que dependen directamente del Presidente y de la Vicepresidenta, es decir de Ximo Puig y de Mónica Oltra, respectivamente, constatándose la desatención de sus obligaciones con todos los castellonenses”, afirma.   

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, desvela que la deuda que la Generalitat Valenciana mantiene con el Ayuntamiento de Castellón ya supera los 3 millones de euros, situándose en 3.099.551 euros, según la información facilitada por el Negociado de Gestión Presupuestaria del consistorio castellonense en respuesta a una pregunta del PP en la Comisión de de Estudio de Gobierno Interior. “Solo de octubre del año pasado al presente mes de enero, el impago se ha incrementado en 800.000 euros más, de manera que cada día se han perdido 6.000 euros de financiación autonómica, para desgracia de todos los castellonenses”, señala la edil popular.

La mayoría de los pagos pendientes corresponden a dinero no ingresado del Fondo de Cooperación Municipal (hasta 602.748 euros) y del área de los Servicios Sociales Generales (530.130 euros), precisamente dos competencias directas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la vicepresidenta, Mónica Oltra, respectivamente. En este sentido, la líder de los populares apunta que “la Generalitat desatiende sus obligaciones de pago con los castellonenses, debiendo dada día que pasa más y más dinero a la capital de la Plana”.

 Y mientras la financiación autonómica no llega, “los consellers siguen haciéndose fotos con la alcaldesa anunciando y prometiendo lo que después son incapaces de cumplir. Promesas que arrastran de la anterior legislatura, por ejemplo en materia educativa, como hizo esta misma semana el conseller de Educación, Vicent Marzá, con las actuaciones pendientes del Pla Edificant, que siguen acumulando retrasos, sin concretar fechas para la construcción del colegio Vicent Marçà, o el resto de centros que esperan ser reformados”, añade Carrasco.

 Con respecto al silencio que mantiene al respecto la alcaldesa de Castellón, desde el Grupo Municipal Popular instan a reivindicar lo es de justicia para los castellonenses, ”para no contribuir a crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, generando desigualdades entre territorios de la Comunidad Valenciana”.

 “Marco prefiere tolerar la deuda, al alza, que mantienen Puig y Oltra con los castellonenses, a ponerse del lado de los vecinos y defender el interés general. Una muestra más de que antepone el interés de su partido, al de todos los castellonenses, tal y como venimos denunciando desde que la alcaldesa tomara como primera medida de su nuevo mandato el aumento de su sueldo, un 30%, hasta situarse por encima de lo que cobra un ministro y el de su equipo de gobierno un 52% más respecto a la anterior legislatura”, lamenta la edil popular.

 A la vista de los datos oficiales que constatan el aumento de la deuda de la Generalitat con el consistorio castellonense, “ni Puig, ni Oltra, ni Marco cumplen lo que prometen, privando de recursos económicos a la capital de la Plana, teniendo que asumir los castellonenses lo que corresponde a la administración autonómica”, añade Begoña Carrasco.

 Al listado de impagos se suman 249.000 euros del área de competitividad empresarial; 21.200 euros para la asistencia sanitaria ambulatoria en los centros de salud, a pesar de que las listas de espera son interminables o los 34.800 euros para la prevención de la drogodependencia, entre otras áreas de carácter social.

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