Caso Alquería: Rodríguez niega el afán de ‘enchufar’ a nadie para ponerle un salario público

Caso Alquería: Rodríguez niega el afán de ‘enchufar’ a nadie para ponerle un salario público

El actual alcalde de Ontinyent ha afirmado que ignoraba la diferencia entre un contrato de alta dirección y un contrato laboral.

 

El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual primer edil de Ontinyent por ‘La Vall ens Uneix’, Jorge Rodríguez, ha negado este lunes que se crease una estructura ad hoc para enchufar a personas simpatizantes en la extinta Divalterra,

 Yo no aconsejé a absolutamente nadie y no había ningún objetivo de poner a absolutamente nadie para ponerle un salario público.

En verdad, ha señalado que si hubiese habido «un anhelo» de enchufar a gente, no habría dejado sin cubrir diez plazas de consultor que la ley le permitía.

Rodríguez ha sido el primero de los catorce acusados en declarar en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia por el caso Alquería, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra -que se cerró el mes pasado de junio- para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís, por lo que se enfrenta a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de 8 años de cárcel y veinte de inhabilitación.

También, ha apuntado que los dos trabajadores de la compañía que denunciaron el caso conocían las contrataciones por el hecho de que se lo comunicaron al Consejo de Administración y «en ningún instante las pusieron en duda«. «No afirmaron nada, no ya de una ilegalidad, sino más bien de una irregularidad», ha afirmado.

A este respecto, ha afirmado que ignoraba la diferencia entre un contrato de alta dirección y un contrato laboral -eran conceptos nuevos, ha aseverado- y, en verdad, ha asegurado que la primera vez que los escuchó fue de boca del entonces jefe jurídico, José Luis Vera,

Quien los planteó por ser más provechosos para la compañía si bien fueran menos provechos para ellos.

Ha dicho.

Rosa Pérez Garijo, Toni Gaspar, Maria José Amigó y José Manuel Orengo declararán como testigos

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado este lunes que los acusados del caso Alquería, entre aquéllos que se halla el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual primer edil de Ontinyent por ‘La Vall ens Uneix’, Jorge Rodríguez, declaren al final del juicio como habían pedido sus abogados y a lo que se había opuesto el fiscal Anticorrupción. De esta manera, Rodríguez ha sido el primero en declarar y el resto de procesados comparecerá en el orden de acusación formulada por el Ministerio Fiscal.

Así lo ha dado a conocer el tribunal que juzga a catorce personas por el caso Alquería, relativo a contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública Divalterra –que se cerró el mes pasado de junio– para favorecer a personas simpatizantes del PSPV y Compromís en un auto para solucionar las cuestiones anteriores planteadas por las defensas contra el que no cabe recurso.

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Por otro lado, la sala asimismo ha admitido referir como testigos, entre otros muchos, a la consellera de Trasparencia, Rosa Pérez Garijo, al actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y la vicepresidenta Maria José Amigó, como el que fuera jefe de gabinete de Jorge Rodríguez cuando este encabezaba la diputación, José Manuel Orengo, como a otros exdiputados provinciales.

Además, ha acordado sostener como acusaciones populares al PP de la Diputación de València -si bien tendrán que subsanarr los defectos de representación de los que se le han advertido- y a la asociación Acción Civil contra la corrupción.

Además de esto, ha rechazado retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción y se posterga además a la sentencia la resolución de las cuestiones de transgresión de los derechos planteada por las defensas. Entre otras muchas cuestiones, ha admitido además de esto dispensar a los acusados de la asistencia a todas y cada una de las sesiones del juicio salvo aquellas en las que sea indispensable y deja que los acusados se sienten al lado de los abogados.

PENAS

Rodríguez se encara a una pena, como demanda la Fiscalía Anticorrupción, de 8 años de cárcel y veinte de inhabilitación. Exactamente la misma solicitud de prisión la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la empresa provincial, Ricard Gallego, y para el consultor Manuel Reguart (los dos por colaboración necesaria) y para los dos exgerentes de la compañía pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejercita la acusación, demanda dieciocho años de prisión para Rodríguez.

El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, Rodríguez llegó a ser detenido cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, corporación de la que dimitió en el mes de julio, aunque se sostuvo como primer edil de Ontinyent, cargo que convalidó en las municipales de junio de dos mil diecinueve con La Vall Ens Uneix, tras dejar en el mes de abril de ese año el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Además de esto, el fiscal solicita para las 7 personas contratadas como cargos de alta dirección 6 años de prisión: uno por falsedad documental y 5 más por malversación de caudales por colaboración necesaria; y otros 6 para el letrado-consultor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. Asimismo pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.