El Ayuntamiento de Castellón prepara de cara a 2023 una revisión de la ordenanza fiscal que bonifica el Impuesto de Recursos Inmuebles (IBI) por la instalación de placas fotovoltaicas con el objetivo de simplificar sus requisitos, facilitar su tramitación y avanzar hacia la transición energética. Para esto se reunirá con agentes y colectivos vinculados al sector para implicarlos en su elaboración.
«Tenemos el reto de pasear hacia la descarbonización de la economía. El ámbito familiar es uno de los principales focos de emisiones de C02 y el Pacto Verde Europeo establece que en 2030 por lo menos el treinta y cinco por cien del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable. Desde 2018 tenemos una bonificación de la ordenanza, pero hemos detectado que los requisitos de superficie y de potencia hacen muy difícil que sea efectiva para comunidades de dueños y de cara a 2023 queremos adaptar sus condiciones a las demandas de la urbe conforme a lo que nos propongan entidades vinculadas a la instalación de equipos eléctricos y energías renovables y administradores de fincas», ha afirmado Fernando Navarro, concejal de Transición Ecológica.
El concejal de Hacienda, David Donate, ha explicado que «se va a abrir un periodo para, de la mano de las asociaciones y entidades representativas del campo, poder definir unos criterios más acordes con la realidad de Castelló y hacer más accesible la bonificación». Donate ha recalcado que, con esto, «se avanza cara una fiscalidad más verde» para la urbe de Castelló.
El Ayuntamiento dispone desde 2018 de una bonificación del 50 por cien del IBI en las edificaciones de uso predominantemente residencial en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol. En 2021 se presentaron 46 solicitudes. Con la reforma de la ordenanza se quiere amoldar a la realidad del parque inmobiliario actual de la capital de la Plana.
El Pleno municipal ya derogó en el último mes del año de 2019 la ordenanza municipal de 2010 de aprovechamiento de energía fotovoltaica por recoger una regularización más restrictiva que la estatal en lo que se refiere al autoconsumo energético y facilitar así la tramitación de instalaciones.
