Castellón invertirá 2,5 millones para mejorar la gestión ambiental del alcantarillado y del protocolo de lluvias

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló inicia este jueves el expediente para renovar la contratación mediante procedimiento abierto del nuevo servicio de conservación y mantenimiento de las estaciones de bombeo de la red municipal de alcantarillado y de las infraestructuras ante las lluvias. La Concejalía de Transición Ecológica reforzará la gestión ambiental para reducir el riesgo de impacto ambiental, potenciar la economía circular y asegurar la máxima capacidad de evacuación en episodios de lluvia, con un presupuesto de 2,5 millones para los próximos 4 años.

“En la nueva contratación hemos apostado para valorar más allá del precio mínimo aquellas ofertas que incorporen equipos y técnicas innovadoras y sostenibles para fomentar la economía circular y reducir el consumo de recursos energéticos. Desde el Ayuntamiento trabajamos para adaptar nuestra infraestructura de alcantarillado y saneamiento para mitigar las consecuencias del cambio climático”, explica el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro.

También se valorarán mejoras encaminadas a facilitar el control de la red de alcantarillado y saneamiento que potencien la monitorización de la red y la realización de estudios de modelización hidráulica.

La contratación tendrá una duración de cuatro años con un presupuesto máximo de 2.,5 millones, con un coste anual de 537.036 euros.

El servicio engloba la inspección y la limpieza de la red de alcantarillado, como la revisión de su funcionamiento, desobturación de la red pública de alcantarillado e inspección de conducciones y actuaciones preventivas ante lluvias de alta intensidad. Esta actuación tendrá el objetivo, por un lado, de evitar posibles obstáculos en las conducciones y elementos de la red de alcantarillado, y preparar la infraestructura ante episodios de lluvia que garanticen su máxima capacidad de evacuación.

El nuevo programa, asimismo, deberá fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones de C02, en cumplimiento de una condición ambiental de la Ley de Contratos del Sector Público de 2014, que transpone las directivas de la Unión Europea.

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