Castellón remitirá por carta al fondo buitre del Raval la moción de reprobación del Pleno

La Concejalía de Vivienda reforzará el servicio de mediación para atender a los conflictos de los inquilinos con estas sociedades

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón , María Jesús Garrido, remitirá por carta al fondo buitre propietario de en un inmueble del Raval Universitario la última moción aprobada por el Pleno de Castelló que reprueba sus “prácticas abusivas” y refuerza la intermediación de la Concejalía en los conflictos entre los inquilinos de alquileres y la sociedad financiera.

La concejala subraya que de esta forma pretende que el fondo de inversión sea conocedor de la posición de la corporación municipal al respecto y reforzar la reivindicación de las familias del Raval Universitario contra las “campañas de acoso” que sufren de los fondos buitre para “no renovar el contrato, propiciar su desalojo y que los precios del alquiler se incrementen más de 50 %.

La moción acordada por el Pleno Municipal afirma que la Concejalía de Vivienda intermediará “en procesos de especulación sobre el derecho a la vivienda y designará la figura de un mediador entre los grandes propietarios y los inquilinos afectados por estas prácticas, velando por la realización de un contrato justo jurídico a los afectados de lanzamientos provenientes de grandes tenedores. Asimismo, reprueba «a los fondos de inversión que han adquirido viviendas en el Raval Universitario y han provocado una subida de los precios de alquiler de más del 60%, restringiendo el derecho a la vivienda de sus inquilinos».

Garrido explica que los problemas se dan en un bloque del Raval Universitari con 174 viviendas que eran alquileres de VPO que tras perder su calificación han sido adquiridas por la citada sociedad de inversión. Denuncia que, además de la campaña de presión para que se vayan de su casa, los nuevos propietarios eluden responder a los requerimientos de los inquilinos para que cumplan el decreto de emergencia del Gobierno por la covid-19, que obliga a los fondos buitre a hacer una quita de la deuda de un 50 % o reestructurarla.

Subraya que, según los colectivos sociales, que hay situaciones con el contrato vencido a los que no les responde la entidad y no pueden recibir prestaciones o ayudas públicas para pagar el alquiler.

Garrido asevera que también se reforzará el servicio de mediación conveniado con el Colegio de Abogados para atender a los inquilinos de alquileres de fondos buitre en sus procesos contra los fondos buitre.

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