Compromís censura un nuevo endeudamiento de 638 M para pagar Castor y pide una auditoría antes de que expire el plazo de 10 años del Real Decreto-ley 13/2014

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, tilda de inconcebible que se esté abonando íntegramente el dinero de unas plantas de las que nadie ha auditado su correcto funcionamiento

El senador valencianista, Carles Mulet, ha rechazado hoy que el Gobierno pretenda poner con calzador un Real Decreto-ley en un Proyecto de Ley de medidas de apoyo social y económico, para abonar a los bancos la deuda contraída por el pago de la multimillonaria indemnización a la ex concesionaria de Castor. El portavoz de Compromís en el Senado ha recordado que “el PSOE, mientras rechaza que se investigue el desarrollo y ejecución de Castor en el Senado, prioriza una vez más por la vía de la urgencia ampliar los créditos destinados al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del legislador”, lo que a su juicio es “inconcebible”, pues “sigue sin abordar ni señalar a los responsables de un proyecto mal ejecutado y concebido y sin que responda nadie por ello a pesar de haber cobrado íntegramente lo que tenía que ser un almacén estratégico para situaciones de crisis de suministro energético como la que estamos viviendo”.

Mulet ha censurado que el Gobierno pretenda endeudar más a la ciudadanía con los bancos “cuyos directivos estarán encantados con esta ampliación de créditos multimillonaria, cuando lo lógico y previsible hubiese sido que se pagaran con dinero de los presupuestos, de forma que en todo esto no solo ha ganado Escal UGS y sus directivos, sino también los de los bancos, quedando los consumidores del gas y la electricidad como los pagafantas de la fiesta”. La coalición ha registrado además una pregunta para conocer qué cantidades detalladas y conceptos se están pagando y quedan por pagar, ya que el Proyecto de Ley habla de otros expedientes y sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado.

Desde Compromís consideran, además, que la cuadratura del círculo puede llegar ahora de la mano de Enagás, que ha lanzado el globo sonda de vender la plataforma marina, que tenía que ser desguazada y mitigar así la factura de su desmantelamiento tras la hibernación en la que se encuentra. “Mucho nos tememos, a la vista de los antecedentes, que los costes de desmantelamiento serán más caros de lo anunciado, se seguirán incumpliendo todos los plazos a pesar de la caducidad de algunas de sus piezas como los tapones temporales y que, con la aquiescencia de la clase política de siempre, alguien acabará de nuevo haciendo un ‘pelotazo’ con esta venta sugerida por Enagás”, ha abundado.

El senador ha señalado que “es el momento de poner en su sitio a esta clase de empresas tan bien comunicadas con la clase política y que parasitan la administración hasta exprimirles la última gota de dinero público. Tenemos que decir que ya basta y que es la Administración quien dirige para servir a los intereses de la ciudadanía y no la empresa, que solo persigue su lucro y los bonus de sus directivos”.

Por otro lado, la coalición ha anunciado que presentará enmiendas al Proyecto de Ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias y ha recordado que Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares preveía que la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos «Castor» se producía “sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas a ESCAL UGS, S.L. tanto a resultas de los eventuales vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y se pongan de manifiesto dentro de los diez años siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley como de las acciones y omisiones que, como titular de la concesión, haya desarrollado durante su periodo de vigencia y hasta la fecha en que la Sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del presente real decreto-ley”. “Ya ha llegado el momento que todo esto se debata y se auditen las plantas inservibles por las que se pagaron miles de millones de todos los ciudadanos. Debería caerles la cara de vergüenza”, ha concluido.