Para que esta modificación sea aprobada, Compromís debe obtener el respaldo de tres quintos de los miembros de la cámara valenciana.
La coalición valencianista Compromís ha puesto sobre la mesa una iniciativa legislativa que busca transformar el estatuto que regula los derechos y prerrogativas de los expresidentes de la Generalitat Valenciana. El objetivo principal de esta reforma es claro: evitar que los antiguos titulares del Ejecutivo autonómico puedan percibir un salario de 75.000 euros anuales durante un máximo de 15 años como miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un organismo consultivo de la administración valenciana. Según la formación, esta práctica, que consideran un privilegio desproporcionado, genera un rechazo generalizado entre la ciudadanía, que «no entiende» por qué se mantiene este beneficio económico.
El marco legal actual y la propuesta de cambio
El estatuto vigente, aprobado mediante la Ley 6/2002 de la Comunitat Valenciana, establece que los expresidentes que hayan completado al menos una legislatura completa (cuatro años) tienen derecho a integrarse como miembros natos del CJC durante 15 años, con una retribución anual cercana a los 75.000 euros brutos. Para aquellos que no finalicen una legislatura, el tiempo como miembro del CJC se equipara al periodo que hayan ejercido el cargo, siempre con un mínimo garantizado de dos años. Este mecanismo, pensado originalmente como una forma de reconocer la labor de los expresidentes, ha sido cuestionado por Compromís, que lo ve como un gasto innecesario y poco justificable en el contexto actual.
La reforma propuesta por Compromís, anunciada este 24 de marzo de 2025, pretende eliminar esta disposición. En palabras del síndic de la coalición en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví,
La iniciativa busca impedir que los expresidentes vayan al CJC tras ejercer su cargo como jefe del Consell.
Esta medida no solo afectaría al actual president, Carlos Mazón, sino que se aplicaría de manera general a todos los futuros expresidentes, asegurando que «ninguno tenga el privilegio de cobrar esos 75.000 euros anuales durante 15 años».
Los argumentos de Compromís: un privilegio injustificado
Baldoví ha defendido la propuesta como «una medida razonable» que responde a una demanda ciudadana.
En la calle nadie entiende por qué Mazón, o cualquier otro expresidente, ha de ir al Consell Jurídic Consultiu y cobrar durante 15 años ese sueldo.
El portavoz de Compromís ha ido más allá, señalando que este tipo de beneficios son una excepción en los parlamentos autonómicos y estatales, situando a la Comunitat Valenciana en una «absoluta minoría» en este aspecto.
El síndic también ha aprovechado para lanzar críticas directas al actual presidente, Carlos Mazón, del Partido Popular (PP). Según Baldoví, Mazón se aferra al cargo por tres razones principales: mantener su condición de aforado, continuar con la adjudicación de contratos discrecionales y garantizarse el acceso al CJC y su correspondiente salario tras dejar la presidencia. «En su vida ha tenido un sueldo que no tenga que ver con cargos públicos», afirmó Baldoví, cuestionando los méritos del president para optar a este organismo consultivo. «No sabemos qué aportaría allí», añadió, subrayando que el debate sobre este privilegio está «en la calle» y refleja un malestar social palpable.
Un desafío político: la necesidad de apoyo del PP
Para que la reforma prospere, Compromís requiere el respaldo de al menos tres quintos de los diputados de Les Corts Valencianes, lo que equivale a 60 de los 99 escaños de la cámara. Dado que el PP, junto a su socio de gobierno Vox, controla 53 escaños, su apoyo resulta imprescindible para alcanzar esta mayoría cualificada. Sin embargo, Baldoví se mostró escéptico sobre la disposición del PP a respaldar la iniciativa.
Ya veremos si están de acuerdo en este adelgazamiento de las cuentas públicas del que tanto hablan.
Ironizó, aludiendo a las promesas de austeridad del partido de Mazón.
El PP aún no ha hecho pública su posición oficial sobre la propuesta. No obstante, fuentes internas del partido, sugieren que podrían percibir la reforma como un ataque directo a su líder, lo que podría complicar las negociaciones. Por su parte, el Consell Jurídic Consultiu, en su memoria anual de 2023 disponible en su página oficial, detalla que los expresidentes integrados como miembros natos participan con voz pero sin voto, lo que refuerza el argumento de Compromís sobre «la falta de funcionalidad real de esta prerrogativa».
Contexto y reacciones
La iniciativa de Compromís llega en un momento de tensión política en la Comunitat Valenciana, marcado por las críticas a la gestión de Mazón tras la DANA de octubre de 2024, que dejó más de 225 fallecidos, tres personas desaparecidas y daños millonarios. La oposición, incluida Compromís, ha acusado al president de priorizar su imagen y sus intereses personales sobre las necesidades de la ciudadanía afectada. En este contexto, la reforma del estatuto de los expresidentes se presenta como una apuesta simbólica para cuestionar los privilegios de la clase política y conectar con el descontento social.
Baldoví expresó su confianza en que la propuesta pueda sumar apoyos más allá de los partidos de izquierda, como el PSPV-PSOE, que históricamente ha respaldado medidas de transparencia y contención del gasto público. «Es un debate que trasciende ideologías», afirmó, apelando a la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios.
Un cambio con visión de futuro
La reforma propuesta por Compromís no solo busca corregir lo que consideran una anomalía en el caso de Mazón, sino establecer un precedente para las futuras generaciones de líderes valencianos. Al eliminar el acceso automático al CJC y su correspondiente retribución, la coalición aspira a modernizar el estatuto de los expresidentes, alineándolo con principios de austeridad y equidad. Mientras la propuesta inicia su trámite parlamentario, el debate sobre los privilegios de los cargos públicos promete mantenerse vivo en la agenda política y social de la Comunitat Valenciana.
Fotografía portada: X/@joanbaldovi.
