La Audiencia de Valencia condena a una funcionaria por tramitar tarjetas de transporte falsas y repartirse las ganancias con un gestor.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a tres años y cinco meses de prisión, así como a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público. La mujer cobraba a cambio de tramitar tarjetas de transporte para vehículos que no cumplían los requisitos legales para obtenerlas.
La sentencia la considera autora de los delitos de prevaricación, cohecho y un delito continuado de falsedad en documento oficial, si bien se han apreciado las atenuantes de reparación del daño, confesión y dilaciones indebidas.
Además, el tribunal ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad durante tres años, con la condición de que la condenada no vuelva a delinquir en dicho periodo y devuelva, en plazos mensuales, los 17.550 euros que aún debe abonar para hacer frente al decomiso del total de las ganancias obtenidas fraudulentamente.
Un pacto con un gestor de Valencia
Según la resolución judicial, la acusada era jefa de negociado y tenía la tarea de tramitación de expedientes para la concesión de autorizaciones de transporte para vehículos ligeros. Pactó con un gestor de Valencia, con quien mantenía una relación personal y profesional, repartirse los beneficios obtenidos por la tramitación irregular de estos títulos de transporte.
El gestor en cuestión –también acusado en este procedimiento, aunque no fue juzgado debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio– había recibido una solicitud de precios y plazos para la emisión de tarjetas de transporte por parte de otra gestoría ubicada en Melilla.
Esta última asesoría experimentó un incremento de clientes que necesitaban regularizar su situación con urgencia, debido al aumento de vehículos que trasladaban mercancías desde naves de almacenamiento en la ciudad autónoma hasta los pasos fronterizos de Marruecos, donde las cargas eran descargadas y entregadas a porteadores.
Pagos de 4.000 euros por cada tarjeta de transporte
La resolución judicial explica que los vehículos de los conductores de Melilla no cumplían los requisitos legales debido a su antigüedad, lo que dificultaba la obtención de la primera tarjeta de transporte, necesaria para operar legalmente y ampliar la flota posteriormente.
Dado que en la Península era más fácil obtener estos documentos, la gestoría de Melilla contactó con otras asesorías para conocer los precios y plazos de expedición de las tarjetas de transporte. Fue así como dieron con el gestor de Valencia, quien pactó con la funcionaria condenada la realización de los trámites necesarios para la obtención de los títulos.
El gestor comunicó a la asesoría de Melilla que podrían obtener las tarjetas en un plazo muy breve a cambio de un pago de 4.000 euros por unidad. De esa cantidad, la funcionaria ahora condenada se quedaba con 500 euros por título tramitado, mientras que el gestor se quedaba con los restantes 3.500 euros.
La sentencia deja claro que no se ha probado que ni la gestoría de Melilla ni sus trabajadores tuvieran conocimiento de la ilegalidad de los hechos que ocurrían en Valencia.
Más de 70 títulos fraudulentos
A través de este procedimiento fraudulento, la funcionaria tramitó más de 70 títulos de transporte entre junio y julio de 2018, obteniendo unos beneficios de 36.500 euros.
Antes de la celebración del juicio, la condenada consignó en el juzgado 18.000 euros para hacer frente al decomiso de sus ganancias obtenidas de forma fraudulenta.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
