Emergencias informa a la jueza de la DANA que "la protección civil ante inundaciones también era competencia del Gobierno y los ayuntamientos".
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, ha emitido una providencia en la que solicita información detallada a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre los puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Este requerimiento, notificado este martes, responde a una petición formulada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y busca esclarecer el funcionamiento de los sistemas de monitoreo hidrológico durante las horas críticas del evento meteorológico.
Detalles de la solicitud judicial
La jueza ha ordenado a la CHJ que, en un plazo de 10 días, facilite información exhaustiva sobre los registros del SAIH en diversos puntos estratégicos de las cuencas del Júcar, Túria, las ramblas de Poyo-Pozalet-Saleta y el barranco de Picassent. En concreto, se solicita información sobre:
- Cuenca del Júcar: aforo de Requena, embalse de Forata (Yátova), aforos de Macastre y Guadassuar.
- Cuenca del Túria: embalses de Loriguilla y Buseo (río Reatillo-Chera), aforos en Bugarra, rambla Castellana en Pedralba, Vilamarxant y azud de Manises.
- Rambla del Poyo-Pozalet-Saleta: aforo en Riba-roja.
- Barrancos de l’Albufera: específicamente, el barranco de Picassent.
Para cada uno de estos puntos, la magistrada requiere los registros detectados entre las 00:00 del 29 de octubre y las 00:00 del 30 de octubre, incluyendo la identificación del punto SAIH, el umbral de aviso establecido, las mediciones de caudal con fecha y hora, y una relación detallada de las comunicaciones enviadas en ese periodo.
Estas comunicaciones deberán especificar el caudal comunicado, el tipo de aviso (aumento o descenso), el sistema de envío (correo electrónico, llamada, etc.), si fue manual o automático, el destinatario y si existe copia o respaldo de dichas comunicaciones.
La importancia del SAIH en la gestión de inundaciones
El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es una herramienta fundamental para la gestión de recursos hídricos y la prevención de inundaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el SAIH permite monitorizar en tiempo real los niveles y caudales de ríos y afluentes, el volumen de agua en embalses, los caudales desaguados por presas y las precipitaciones en diversos puntos de la cuenca. Esta información es crucial para que los organismos de protección civil, tanto autonómicos como estatales, puedan coordinar respuestas efectivas ante eventos hidrológicos extremos.
En el caso de la CHJ, el SAIH está diseñado para captar, transmitir y procesar datos hidrológicos e hidráulicos de la cuenca, apoyándose en una red de sensores y sistemas de comunicación que envían información al Centro de Procesos de Valencia. La página oficial de la CHJ destaca que este sistema no solo facilita la gestión del agua, sino que también es clave para alertar sobre posibles riesgos de inundación, aunque «la emisión de alertas públicas recae en las autoridades de protección civil».
Contexto de la investigación
La DANA del 29 de octubre dejó un trágico balance de más de 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en la Comunidad Valenciana, especialmente en las comarcas de l’Horta Sud, la Ribera Alta y la Ribera Baja. La investigación judicial se centra en determinar si hubo fallos en la gestión de las alertas y en la coordinación entre los organismos responsables, incluyendo la CHJ, la Generalitat Valenciana y los servicios de emergencias.
La solicitud de la jueza se produce tras meses de análisis de las comunicaciones y datos disponibles durante el evento. Informes previos, como los publicados por medios de comunicación, han señalado que la CHJ envió múltiples correos electrónicos con información sobre los caudales y precipitaciones.
Nuevas diligencias y testigos por la DANA de Valencia
Además de la solicitud a la CHJ, la jueza ha citado a seis testigos, en su mayoría familiares de víctimas, para que declaren este jueves 10 de abril entre las 10:00 y las 13:00 horas. Estas declaraciones forman parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias de las muertes y los posibles errores en la gestión de la crisis.
La investigación podría arrojar luz sobre las responsabilidades de los diferentes organismos implicados, en un contexto en el que la Generalitat Valenciana y la CHJ han intercambiado acusaciones sobre la gestión de las alertas hidrológicas.
Emergencias a la jueza de la DANA: «las competencias eran también del Gobierno y los ayuntamientos»
Un informe elaborado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y remitido al juzgado que investiga la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado 29 de octubre de 2024 ha puesto de manifiesto que «tanto el Gobierno central como los ayuntamientos tenían competencias clave en materia de protección civil ante el riesgo de inundaciones».
El documento, firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, detalla los protocolos activados durante la emergencia y subraya «las responsabilidades compartidas entre las distintas administraciones». En relación al Ejecutivo central, el informe hace referencia al Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, que establece la creación del Comité Estatal de Coordinación (CECO). Este órgano tiene entre sus funciones «efectuar el seguimiento de las situaciones de emergencia por inundación que puedan presentarse». Sin embargo, el texto apunta a una aparente laguna en la respuesta, al indicar que «no se dispone de información sobre la activación» de dicho plan ni de la «consecuente activación del Comité Estatal de Coordinación».
El informe, que forma parte de la investigación judicial abierta para esclarecer posibles responsabilidades en la gestión de la catástrofe, destaca también el papel de los ayuntamientos, que cuentan con competencias en protección civil a nivel local, como la planificación y ejecución de medidas preventivas y de respuesta inmediata ante inundaciones. La falta de coordinación o activación efectiva de los mecanismos disponibles por parte de las administraciones implicadas podría ser un punto clave en el proceso judicial en curso.
La DANA del 29 de octubre ha sido catalogada como una de las peores tragedias naturales en la historia reciente de España, con un impacto devastador en municipios valencianos como Paiporta, Chiva, Aldaia, Pincanya, Sedaví, Benetússer o Alfafar, entre otros.
Fotografía portada: Bombers Forestals de la Generalitat Valencia – DANA Valencia /29 octubre 2024.
