La marcha, programada un día antes del sexto mes de las inundaciones, coincidirá con la festividad de San Vicente Ferrer y las vísperas del Congreso del Partido Popular Europeo.
Una vez más, y como ha ocurrido cada mes desde la tragedia de la DANA que devastó la provincia de València, entidades cívicas, sociales y sindicales han convocado una nueva manifestación en València para el próximo lunes 28 de abril. El objetivo de la protesta es exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la catastrófica DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que el 29 de octubre de 2024 dejó 228 víctimas mortales y miles de damnificados en la Comunitat Valenciana.
Esta será la séptima marcha desde la tragedia, programada estratégicamente un día antes de que se cumplan seis meses de las inundaciones y en vísperas del Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebrará en la ciudad los días 29 y 30 de abril.
La protesta coincidirá con la festividad de San Vicente Ferrer, un día festivo en València, lo que podría facilitar una mayor participación ciudadana.
Según los organizadores, la marcha comenzará a las 18:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y seguirá el mismo recorrido que la anterior, realizada el 29 de marzo, hasta la Plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat. En aquella ocasión, la Delegación del Gobierno cifró en 25.000 los asistentes, una cifra que reflejó el persistente malestar social por la gestión de la catástrofe.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, confirmó que Mazón asistirá al Congreso del Partido Popular Europeo, donde se espera que se reúna con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Este evento político ha añadido un matiz simbólico a la manifestación, que busca mantener la presión sobre el president en un momento de alta visibilidad internacional.
Contexto de la Movilización
La DANA del 29 de octubre de 2024 marcó un antes y un después en la Comunitat Valenciana, con críticas generalizadas hacia la respuesta del Gobierno autonómico. Las acusaciones de negligencia se centran en la tardanza en activar alertas efectivas a la población y en la coordinación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En la marcha anterior, encabezada por profesionales del 112, enfermeros, bomberos, trabajadores sociales y familiares de las víctimas, se destacó «la falta de previsión y la demora en la actuación de las autoridades». Aunque los convocantes no han detallado aún quién liderará esta séptima protesta, se espera que continúe el tono de indignación y homenaje a las víctimas.
Avances Judiciales
El malestar ciudadano se ve alimentado por los avances en la investigación judicial. Este viernes 11 de abril, está previsto que declaren como investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja dos ex altos cargos del Gobierno valenciano: Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su segundo en el área de Emergencias. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada del caso, ha imputado a ambos por presuntas responsabilidades en la gestión de la crisis.
El lunes 7 de abril, la magistrada rechazó una solicitud de una acusación particular para que Carlos Mazón declarara como testigo, recordando que, al ser aforado, solo podría comparecer voluntariamente y en calidad de investigado, no como testigo. Mazón, por su parte, ha descartado esta posibilidad. Además, este martes 8 de abril se conoció que la Generalitat Valenciana ha solicitado personarse en la causa, una maniobra que le permitiría acceder al expediente completo y prepararse ante posibles responsabilidades civiles subsidiarias.
Reacciones Políticas y Sociales
La presión sobre Mazón no solo proviene de la calle, sino también del ámbito político. La líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reiterado su exigencia de dimisión, calificando la gestión de la DANA como un «fracaso ético y moral». Por su parte, el PP nacional, liderado por Feijóo, ha mantenido un respaldo tibio a Mazón, vinculando su continuidad al desarrollo de la investigación judicial y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La coincidencia de la manifestación con el Congreso del PPE añade un elemento de tensión. Fuentes del PP valenciano, habían expresado en marzo su preocupación por la posible contestación social durante el evento, un temor que se intensifica con las nuevas revelaciones judiciales y la persistencia de las protestas.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana será la encargada de proporcionar las cifras oficiales de asistencia, como ha hecho en ocasiones anteriores. La Policía Local también ha ofrecido estimaciones en el pasado, coincidiendo en la última marcha con los 25.000 asistentes reportados por la Delegación. Mientras tanto, la ciudadanía espera que esta séptima manifestación mantenga viva la demanda de responsabilidades, en un contexto marcado por el dolor y la búsqueda de justicia seis meses después de la tragedia.
