El sindicato CSIF logra el compromiso de la Conselleria de Sanidad para negociar las condiciones laborales de los afectados por el decreto ley.
El sindicato CSIF ha logrado iniciar un calendario de negociación sobre los aspectos que afectan a las condiciones laborales del decreto ley destinado a garantizar la asistencia sanitaria integral. Esta iniciativa surge tras la aprobación del Decreto 2/2024, de 21 de febrero, por parte del Conseller, y la persistencia de CSIF en la última reunión de la Mesa Sectorial, «a diferencia de otros sindicatos que la abandonaron». Explican desde CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca la importancia del diálogo, habiendo instado a la Conselleria de Sanidad a una mayor transparencia y negociación. La Administración se comprometió a impulsar el diálogo, según señala CSIF, y acordó,
Cualquier disposición que afectara a las condiciones laborales sería objeto de negociación con los representantes de los trabajadores durante su tramitación.
CSIF informa que, según la nota aclaratoria tras la Mesa Sectorial, el personal adjudicatario de puestos en los concursos de traslados ya convocados o pendientes de convocar no se verá afectado por la movilidad prevista en el artículo 10 del decreto ley, aunque podrán participar voluntariamente.
El sindicato destaca la necesidad de promover la negociación, subrayando que el decreto-ley «no tiene posibilidad de recurso ante los tribunales ordinarios» y que solo los grupos parlamentarios podrían plantear un recurso de inconstitucionalidad. CSIF estuvo presente en reuniones con grupos de Les Corts la semana pasada ante la posibilidad de este recurso.
La central sindical enfatiza la importancia de negociar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales afectados por este documento para garantizar seguridad jurídica, conciliación de la vida laboral y familiar, condiciones de trabajo y retributivas, así como la negociación colectiva. CSIF destaca la necesidad de comenzar las negociaciones lo antes posible para asegurar la defensa de los derechos de los trabajadores y proporcionar la calidad asistencial necesaria a la ciudadanía.
