Un aspecto crucial de la concentración fue la denuncia de las desigualdades salariales en el sector público.
Este lunes, frente a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, tuvo lugar una importante concentración convocada por CSIF para exigir medidas que «dignifiquen el trabajo que desarrollan las empleadas y empleados públicos, la protección de sus derechos y condiciones laborales y la defensa de unos servicios públicos de calidad, que contribuyan a garantizar el bienestar social y del conjunto de la ciudadanía».
El presidente de CSIF en Castellón, Javier Estrada, fue el encargado de dar lectura a un manifiesto en el que recordó las movilizaciones previas, señalando que, «tras salir a la calle el pasado 11 de noviembre, manifestarse el sábado día 14 de diciembre en Madrid en defensa del mutualismo administrativo y por la continuidad del MUFACE, hoy salimos de nuevo a la calle para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales y que convoque la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar cuestiones como la negociación del nuevo acuerdo salarial, ya que el actual caduca a final de año y ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022, así como la oferta de empleo público para 2025».
El manifiesto también subrayó la «necesidad» de «que se reconozca la labor que realizan nuestras empleadas y empleados públicos a diario», enfatizando la importancia de «la adecuación de las plantillas a las necesidades reales y objetivas de la sociedad» y la ejecución de políticas para «frenar la fuga de talento que lastra servicios esenciales».
Un aspecto crucial de la concentración fue la denuncia de las desigualdades salariales en el sector público. Según un reciente estudio elaborado por CSIF, los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ganan de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos por realizar el mismo trabajo. Esta cifra corresponde a la media de las desigualdades retributivas que afectan tanto a funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) como a personal laboral (7.380 euros menos). En este contexto, CSIF ha solicitado una dotación de fondos adicionales para corregir estas disparidades salariales, una inversión que se fija en 1.487 millones de euros, repartidos entre los años 2025, 2026 y 2027, con el objetivo de lograr «la igualdad salarial plena en 2028».
Desde CSIF también han solicitado que, sin más demora, se aborden una serie de temas cruciales antes de que finalice el año, entre los que se incluyen:
- Negociación de un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de todos los empleados públicos.
- Asignación de fondos adicionales para lograr la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
- Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
- Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025, eliminando la tasa de reposición.
- Implementación de la jornada laboral de 35 horas en todo el Estado y la introducción de la carrera profesional en todas las administraciones, así como la regulación del teletrabajo.
- Mejora de las condiciones de jubilación, con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios.
- Adecuación de los Grupos Profesionales.
- Actualización del TREBEP (Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), reforzando su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las y los empleados públicos.
Con esta concentración, CSIF ha reafirmado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos y con la garantía de unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía.
