Cuatro años de retraso en el Centro de Salud del Raval Universitario

Redondo: “El Centro de Salud del Raval Universitari acumula 4 años de retraso y veremos si alguno más, debido a los recortes de Puig por el bloqueo financiero al que somete Pedro Sánchez a las autonomías”

“Los ciudadanos no pueden ser rehenes de la incapacidad de un gobierno en funciones, que pone en riego servicios básicos como la sanidad”

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, recuerda que el Centro de Salud del Raval Universitario acumula un retraso de 4 años. “Durante la anterior legislatura PSOE y Compromís marginaron la infraestructura sanitaria, accediendo finalmente a incluir un Consultorio Auxiliar en las cuentas de la Generalitat de 2018, pero no un Centro de Salud como piden los vecinos. Finalmente y, tras reiterados retrasos en el inicio de las obras (estaban anunciadas para diciembre de 2018), se pusieron en marcha a escasos días de las pasadas elecciones municipales, con una clara intención electoralista”.

Los populares consideran de vital importancia la necesidad de un Centro de Salud en el barrio de la UJI y, por eso, en 2014 con el PP en la Generalitat Valenciana, se aprobó el Plan Funcional para poder sacar la licitación de la redacción del proyecto. “En 2015 ya estaban previstos 100.000 euros en Presupuestos para su elaboración. Dinero que socialistas y nacionalistas echaron a perder. De haberlo mantenido, este centro sería una realidad”, recuerda Redondo.

Además, añade otro factor que amenaza de un nuevo bloqueo del mismo, “los recortes de 500 millones de euros en el presupuesto de la Generalitat, que ha anunciado el presidente Ximo Puig y que aprobará en septiembre, se traducirán en menos inversión para Castellón. Estas son las consecuencias del bloqueo financiero al que somete Pedro Sánchez a las autonomías por su incapacidad. Aunque esté en funciones ha de seguir gestionando y no paralizando a las autonomías, como la Valenciana, la peor financiada de todas”, remarca.

“Los ciudadanos no pueden ser rehenes de la incapacidad de un gobierno en funciones, que pone en riego la continuidad de servicios básicos como la sanidad”, concluye.

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