Elaboraban contratos laborales reales que no mantenían para obtener ayudas dirigidas a la contratación indefinida
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Uncover”, ha desarticulado una red empresarial que habría defraudado más de un millón de euros en subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo. Las ayudas estaban cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y otras dos investigadas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) ante la Fiscalía Anticorrupción, que alertaba de posibles irregularidades en las subvenciones concedidas a once empresas con sede en Elche.
Contrataciones ficticias para justificar las ayudas
Según las pesquisas, las empresas solicitaban subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados y personas en situación vulnerable. Aunque los contratos laborales se formalizaban inicialmente, en la mayoría de los casos no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa. Muchas de las contrataciones se interrumpían al poco tiempo por despidos, bajas voluntarias o incluso el cese de actividad de las propias empresas.
Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil de Alicante analizó la trazabilidad de los fondos recibidos. Detectaron desvíos hacia gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero habría sido destinado a la compra de vehículos de alta gama y a otros fines ajenos a la finalidad de las ayudas públicas.
Registros y bloqueos en Elche
En abril, se realizaron registros en un domicilio particular y en unas oficinas ubicadas en el parque tecnológico de Elche, donde operaba parte del entramado. Durante la operación se incautaron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo y diversa documentación relevante, además de ejecutarse bloqueos de cuentas bancarias y propiedades.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares, en el caso del presunto cabecilla. A todos ellos se les imputan los delitos de fraude en subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.
Coordinación institucional
La operación ha sido dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de LABORA, en un nuevo ejemplo de coordinación institucional en la lucha contra el fraude.
