La Confederación Gonzalo Anaya considera además, “manipuladora y sesgada” la carta masiva de Rovira a las familias a raíz de la consulta.
La reciente carta firmada por el Conseller de Educación, José Antonio Rovira, enviada de manera masiva a través de la base de datos Ítaca, ha generado un gran malestar entre la comunidad educativa, en especial dentro de la Confederación Gonzalo Anaya, compuesta por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante, junto con 1106 AMPA/AFA.
Desde la Confederación consideran que la misiva es «sesgada, ideológica, incompleta y con juicios de valor», y sostienen que podría estar incumpliendo el artículo 4 de la normativa vigente, el cual ya establece cómo debe informarse a las familias sobre el proceso de consulta. Asimismo, mencionan que también podría vulnerar la disposición primera, que regula el asesoramiento en dicho proceso.
Uno de los principales motivos de crítica es que, según indican, en ningún momento la normativa contempla que el Conseller de Educación pueda emplear la base de datos Ítaca para comunicarse con las familias. Hasta ahora, esta herramienta estaba a disposición de los equipos directivos y docentes exclusivamente para informar sobre el proceso educativo y académico de los estudiantes, pero no para la difusión de proyectos políticos e ideológicos como la consulta sobre la lengua base.
Desde la Confederación Gonzalo Anaya consideran que el envío de esta carta supone un intento de manipulación y refleja la debilidad de la consulta, la cual ya acumula tres recursos pendientes de resolución en los Tribunales. Además, recuerdan que la iniciativa cuenta con el rechazo de la comunidad educativa, representada en la Plataforma en defensa de la Enseñanza Pública y en diversos Consejos Escolares Municipales.
El malestar entre las familias ha sido tal que la organización de AMPA ha trasladado el asunto a su asesoría jurídica para analizar si el uso de la base de datos Ítaca podría suponer también un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Según la Confederación, tanto el contenido de la carta como el medio utilizado para su difusión son «más que cuestionables» a la luz de la normativa que regula la consulta.
Fotografía portada: Archivo.
