Durante la investigación se ha detectado la contratación ilegal de trabajadores extranjeros en situación irregular.
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado fraudulento relacionado con la compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable en Alicante, en el marco de la operación ‘Insidias 2’, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Este operativo ha culminado con la imputación de 21 personas, entre las que se encuentran 14 hombres, 6 mujeres y una persona jurídica, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como por violaciones de los derechos de los trabajadores.
Construcciones ilegales en terreno protegido e inundable
La investigación se inició tras la detección de una parcela de 11.000 metros cuadrados en una finca rústica del término municipal de Alicante, situada en una zona protegida e inundable, donde la edificación está estrictamente prohibida.
Los agentes de SEPRONA verificaron que la parcela había sido subdividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en diversas fases de ejecución. Además, identificaron la instalación de un sistema de suministro de agua no potable, montado de forma ilegal y sin la correspondiente licencia urbanística.
Un entramado fraudulento para evadir la legalidad
Las pesquisas revelaron que una mercantil había sido creada específicamente para la adquisición de la finca y su posterior venta en participaciones. Estos contratos privados asignaban subparcelas a diferentes compradores, quienes estaban plenamente conscientes de la ilegalidad tanto de la parcelación como de la imposibilidad de construir en dichas tierras.
Como resultado de la investigación, se procedió a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Además, se identificó al constructor que ejecutó la mayoría de las edificaciones ilegales.
Contratación ilegal de trabajadores en situación irregular
Durante las inspecciones, los agentes también descubrieron que parte de las obras habían sido realizadas por un constructor que empleaba a trabajadores extranjeros en situación irregular en España.
Estos trabajadores carecían de contrato laboral y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Según se pudo determinar, trabajaban sin medidas de protección laboral, sin equipos de seguridad y en condiciones muy por debajo de los estándares legales. En varios casos, los empleados no llegaron a recibir ningún salario por el trabajo realizado, lo que refleja un claro aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
Imputaciones y consecuencias legales
Finalmente, a los 21 investigados, cuyas edades oscilan entre 25 y 66 años, se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El caso ha sido puesto en conocimiento de los Juzgados de Alicante, que seguirán el proceso judicial correspondiente.
Esta operación evidencia el compromiso de la Guardia Civil con la protección del medioambiente y la lucha contra la explotación laboral, especialmente en sectores que vulneran la legalidad urbanística y los derechos de los trabajadores más vulnerables.
