Se han realizado 19 diligencias de entrada y registro en varias provincias, incluyendo Castellón, Alicante, Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza y Ciudad Real.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una importante operación contra el fraude en el sector de los hidrocarburos, que ha resultado en la incautación de siete millones de euros en criptomonedas y la solicitud de bloqueo de otros 19 millones de euros.
La operación, denominada ‘Quíone’, ha sido dirigida por la Audiencia Nacional y ha permitido la detención de once personas, mientras que otras ocho se encuentran en calidad de investigadas. Además, se han llevado a cabo un total de 19 diligencias de entrada y registro en diferentes provincias, entre ellas Castellón, Alicante, Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza y Ciudad Real.
Durante los registros, las autoridades incautaron un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, alrededor de 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos a motor.
Fraude de 184 millones de euros
Según el informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la organización criminal llevó a cabo un fraude fiscal que asciende a 184 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023.
La Guardia Civil ha explicado que la red delictiva operaba a través de un «amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada con la finalidad de perfeccionar el fraude». Para ello, utilizaban empresas instrumentales que simulaban una actividad legal para dificultar la detección del fraude.
Dentro de esta estructura, algunas sociedades eran usadas para trasladar facturación y combustible adquirido, aparentando legalidad en sus operaciones. Sin embargo, otras empresas tenían como objetivo acumular cuotas de fraude, lo que significaba que no abonaban el IVA correspondiente, logrando así eludir el pago de impuestos.
Investigación en marcha
La operación ha sido supervisada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que autorizaron los registros en las diferentes provincias afectadas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total de la trama y localizar posibles nuevos implicados en la red criminal.
Fotografía portada: Archivo Guardia Civil.
