La querella se origina por las acusaciones lanzadas por Jesús Albiol, quien calificó a la ONG como un “barco de negreros” y un “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.
La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate Aita Mari, ha decidido emprender acciones legales contra VOX Borriana y el concejal y diputado de dicho partido en las Corts Valencianes, Jesús Albiol, por los delitos de calumnias e injurias. La querella se origina por las acusaciones lanzadas por Albiol, quien calificó a la ONG como un “barco de negreros” y un “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.
El Aita Mari, un pesquero reconvertido en navío de rescate, realiza misiones humanitarias en el mar Mediterráneo para salvar a personas refugiadas que huyen de la violencia, el hambre y la pobreza. Durante la pasada legislatura, los puertos de Burriana y Vinaròs, gestionados por la Generalitat Valenciana, ofrecieron refugio a las embarcaciones humanitarias para su descanso y mantenimiento. En ese período, el Gobierno valenciano aplicó una exención de tasas portuarias a las ONG.
Sin embargo, el actual Consell, encabezado por el PP, accedió a la demanda de VOX, exigiendo el cobro de las tasas portuarias acumuladas durante los últimos cuatro años, lo que asciende a un total de 63.000 euros. Esta medida podría llevar a la expulsión de las embarcaciones de rescate de los puertos de la Comunitat Valenciana.
El 6 de septiembre de 2024, se organizó una concentración frente al Palau de la Generalitat, donde ciudadanos exigieron la derogación de esta medida y el cumplimiento de la ley, respaldados por una pancarta de SMH que reclamaba “RESCATES SIN TASAS”. Durante este evento, el diputado de VOX, Jesús Albiol, reiteró sus acusaciones en diversos foros públicos y en las redes sociales de su partido, lo que motivó a la ONG y al capitán del Aita Mari a presentar la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), solicitando inicialmente una indemnización de 27.794,75 euros por daños morales y perjuicios.
Amaia Iguaran, vicepresidenta de SMH, acusó a los partidos de extrema derecha de tratar de obstaculizar la ayuda humanitaria, utilizando una retórica xenófoba que alimenta el miedo hacia la inmigración. En su intervención, Iguaran recordó que la labor de rescate es una acción humanitaria que busca salvar vidas de personas que se arriesgan a morir ahogadas huyendo de situaciones extremas como la guerra y la pobreza. “¿Por qué arriesgar la vida?”, reflexionó Iguaran, cuestionando una realidad que quienes vivimos en la comodidad de Occidente no podemos comprender.
Iguaran también destacó que la labor del Aita Mari ha sido reconocida tanto por la sociedad civil como por las instituciones, y ha sido declarada de interés público. Desde que comenzó sus operaciones en 2019, la embarcación ha rescatado a 1.328 personas, con un aumento progresivo de rescates cada año: 79 en 2019, 202 en 2020, 258 en 2021, 288 en 2022, 424 en 2023 y 77 en lo que va de 2024. “Es una tragedia humanitaria que no puede resolverse con políticas antiinmigración, porque las personas que huyen del Mediterráneo enfrentan situaciones peores que la de morir ahogadas”, lamentó.
Además, Iguaran subrayó que, a pesar de las investigaciones exhaustivas a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, ninguna embarcación ha sido condenada por su labor humanitaria. De hecho, la justicia italiana recientemente anuló la detención administrativa del Geo Barents (MSF), enviando un mensaje claro de que la solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales, y dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a las personas rescatadas.
Iguaran recordó también que la asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y que el negarse a prestar auxilio o dificultarlo mediante medidas administrativas es un acto inhumano con consecuencias legales.
Por último, la vicepresidenta de SMH destacó la asistencia letrada de Mónica Oltra, quien fue clave en la exención de las tasas portuarias para las ONG en los puertos de Burriana y Vinaròs, y quien asistió a la ONG en esta demanda de conciliación previa a la querella.
Este caso pone de manifiesto la creciente tensión en torno a la ayuda humanitaria en el Mediterráneo y las políticas de inmigración, revelando un debate que no solo afecta a la ONG SMH, sino también a la política y la ética en la gestión de la crisis humanitaria.
