El presupuesto 2025 de PP y Vox en la Comunidad Valenciana elimina subvenciones a ONG y reduce drásticamente la cooperación al desarrollo.
El buque de salvamento humanitario Aita Mari ha anunciado su retirada de los puertos de Burriana y Vinaròs en la provincia de Castellón, debido al cobro de tasas portuarias que considera «ilegales». La ONG responsable de la embarcación ha decidido cesar sus operaciones en puertos bajo la competencia de la Generalitat Valenciana, argumentando que estas tarifas afectan negativamente a su labor humanitaria en el Mediterráneo.
Anteriormente, el Aita Mari estaba exento del pago de tasas portuarias por su labor solidaria. Sin embargo, el actual gobierno autonómico, conformado por el Partido Popular (PP) y Vox, ha comenzado a aplicar estas tasas con efecto retroactivo, llegando a emitir facturas que ascienden a alrededor de 100.000 euros. Esta medida ha generado críticas por parte de sectores que consideran que obstaculiza la misión de rescate de migrantes en el mar.
El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha defendido la aplicación de estas tasas, señalando que el sistema de bonificaciones es similar al de otras comunidades y puertos estatales. Según Martínez Mus, existen bonificaciones cuando se realizan tareas humanitarias, pero las embarcaciones deben abonar las tasas correspondientes durante los periodos en que están inactivas en el puerto.
Además, el nuevo acuerdo presupuestario para 2025 entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana incluye la eliminación de subvenciones a diversas ONG y un recorte significativo en la cooperación al desarrollo. Vox ha exigido un recorte del 40% en el gasto destinado a cooperación, lo que equivale a unos 22,5 millones de euros, fondos que, según el partido, se redirigirán a otras áreas.
Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y sectores políticos que ven en estas medidas un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en la ayuda a los más vulnerables. Compromís ha lamentado la salida del Aita Mari, calificando la aplicación de estas tasas como un «ataque frontal» a la labor humanitaria de estas organizaciones.
Compromís reclama a Barrachina que cumpla su compromiso en defensa de los barcos humanitarios
El grupo Compromís en la Diputación de Castellón ha criticado la falta de acción por parte de la presidenta de la institución, Marta Barrachina, en relación con la tasa establecida por el Consell de Mazón. Según la coalición, esta medida ha provocado la expulsión del barco de salvamento humanitario Aita Mari de los puertos de Borriana y Vinaròs.
El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha recordado que hace seis meses solicitaron a Barrachina que tomara medidas para garantizar la continuidad de la labor de las organizaciones humanitarias, eliminando dicha tasa, que consideran injusta. Sin embargo, denuncia que, pese a que la presidenta se comprometió a intervenir, la situación sigue igual y las entidades afectadas están comenzando a cesar su actividad en la provincia.
Ante este panorama, el partido cuestiona si la presidenta no ha cumplido con su compromiso de interceder o si, por el contrario, el Consell ha ignorado sus peticiones.
Sea como sea, desde Compromís instamos a la Diputación de Castellón a actuar de inmediato para defender los intereses de nuestras comarcas y asegurar la continuidad de los empleos ligados a estas organizaciones, cuyo trabajo es esencial para el bienestar de la ciudadanía.
Concluyó Guardiola.
La retirada del Aita Mari de los puertos valencianos pone de manifiesto las tensiones entre las políticas gubernamentales actuales y las organizaciones dedicadas a labores humanitarias, evidenciando un debate más amplio sobre el apoyo institucional a las ONG y la gestión de la migración en España.
