El Consell aprueba medidas por 331 millones de euros para mitigar los efectos de la DANA y adopta "medidas clave" en seguridad, educación y empleo.
El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Esta decisión se tomó tras los plenos ordinario y extraordinario celebrados el 1 de abril de 2025, según anunció la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en rueda de prensa.
Recurso de inconstitucionalidad: «Defensa de las competencias autonómicas»
Camarero explicó que el recurso se fundamenta en la presunta vulneración de las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores. Según la vicepresidenta, el Gobierno central no solo invade estas atribuciones, sino que tampoco garantiza los recursos necesarios para atender adecuadamente a los menores no acompañados que llegan a la región.
La Generalitat ha priorizado la atención específica a estos menores, incrementando en 2024 las plazas de atención residencial con un coste adicional de más de 9 millones de euros, lo que eleva el gasto anual a más de 23 millones. Sin embargo, el Gobierno de España, responsable de la política migratoria, aporta solo 1,2 millones de euros.
Denunció.
La consellera destacó la presión que enfrenta el sistema de protección valenciano, que en 2024 atendió a más de 900 menores no acompañados, con una ocupación del 160% sobre las 317 plazas disponibles, lo que equivale a una media de 480 a 490 menores permanentes.
Esta situación se agrava por la llegada constante de menores migrantes sin referentes familiares, ya sea en pateras, desde comunidades vecinas o a través de cupos distribuidos por el Gobierno central, donde algunos menores se infiltran sin verificar su edad.
Camarero, asimismo, criticó la “falta de negociación, colaboración y coordinación” del Gobierno central, calificando el reparto unilateral de menores como “un insulto a las comunidades autónomas” y “un parche” que no asegura una acogida digna. “Nuestro sistema no tiene capacidad para acoger a más menores sin los recursos adecuados”, afirmó, subrayando que esta política podría derivar en hacinamiento y un “maltrato institucional” hacia los menores.
Medidas frente a la DANA: gestión de residuos y apoyo económico
En la misma rueda de prensa, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, informó sobre la declaración de emergencia para la gestión de residuos acumulados tras las riadas del 29 de octubre de 2024. La Conselleria ha retirado 750.000 toneladas de desechos en puntos de transferencia y acopio local, con una inversión de 178,9 millones de euros, el mayor contrato gestionado por la Generalitat relacionado con la DANA.
Martínez Mus destacó que este plan de choque ha generado nuevos procedimientos en la gestión pública de residuos, despertando el interés de instituciones europeas, y anunció que lo presentará en el Comité de las Regiones en mayo de 2025.
Por su parte, el Consell aprobó el decreto de ayudas Ara Empreses, dotado con 127,4 millones de euros, para apoyar a pymes industriales, comercios y hostelería afectados por las inundaciones. Estas subvenciones cubrirán hasta el 70% de los costes, con un máximo de 50.000 euros por empresa, como un impulso clave para la reactivación económica. Además, se destinaron 24,9 millones de euros a reparaciones de emergencia en infraestructuras críticas, como canalizaciones urbanas, y fondos específicos para transporte adaptado (143.616 euros) y la reparación de un albergue en Dos Aguas (60.504 euros).
Oferta Pública de Empleo y ciberseguridad
En el ámbito educativo, el Consell aprobó una Oferta Pública de Empleo con 1.959 plazas para maestros, un aumento de 264 respecto a 2023, reservando un 10% para personas con discapacidad. Asimismo, se actualizó el marco normativo de ciberseguridad, adaptándolo al Esquema Nacional de Seguridad y descentralizando responsabilidades entre las consellerias.
