La Okupación ilegal sigue en aumento y nueva ley podría reflejar un gran cambio frente a esta situación que preocupa a miles de propietarios.
El 3 de abril de 2025, España implementará una nueva ley aprobada por el Parlamento, la cual introduce un marco legal destinado a acelerar los procesos de desahucio de okupas. Esta legislación busca hacer más ágiles los procedimientos judiciales relacionados con la okupación ilegal. Además, en los últimos tiempos, se han producido otros eventos significativos en torno al fenómeno de la okupación.
Por lo que, estas okupaciones siguen siendo un problema creciente en España, debido a un incremento del 8% en el 2024, más que el año anterior, destacando a Cataluña como una de las comunidades más afectadas. Solo en el último año, se registraron más de 6.200 okupaciones de viviendas en esta región, lo que representa un promedio alarmante de 17 ocupaciones al día.
Detrás de estas cifras frías, se encuentran historias de desesperación, de muchas familias que acudieron al médico, salieron de viaje o solo a realizar compras, regresaron a su vivienda y descubrieron que su hogar había sido okupado. A pesar de que muchos dueños confirmaron la legitimidad de su propiedad, el proceso para recuperar su vivienda se prolongó durante meses, con trabas burocráticas que complicaron aún más la situación. La lentitud del sistema judicial ha sido uno de los mayores obstáculos para los propietarios, quienes a menudo se ven impotentes frente a esta situación.
El Cambio Legal de Abril: Juicios Rápidos para Desalojos
El 3 de abril de 2025 entra en vigor una nueva ley que promete cambiar el panorama de los desalojos en España. Se trata de la Ley Orgánica 1/2025, que introduce modificaciones clave en el Código Penal con el objetivo de agilizar los procedimientos judiciales relacionados con el allanamiento de morada y la usurpación de viviendas. Hasta la fecha, estos casos podían tardar meses o incluso años en resolverse, dejando a los propietarios en una situación de desesperación ante la posible pérdida de su vivienda.
Con la reforma, los okupas podrán ser desalojados en un plazo máximo de 15 días a partir de la puesta a disposición judicial del caso. Esto supone la implementación de un procedimiento abreviado, lo que reducirá drásticamente los tiempos de espera para que los propietarios puedan recuperar sus propiedades. Esta medida ha sido recibida con optimismo por parte de expertos en derecho inmobiliario, como el abogado Xavi Abad, quien considera que esta reforma representa un avance importante.
“Los desahucios serán mucho más rápidos, evitando que los okupas se aprovechen de la lentitud del sistema judicial para permanecer en viviendas ajenas durante largos periodos de tiempo”, señala Abad.
Sin embargo, también advierte que la sobrecarga de los juzgados podría ralentizar el proceso, aunque, en cualquier caso, la agilidad será notablemente superior a la actual.
La Posibilidad de Cortar los Suministros a los Okupas
Uno de los mayores retos a los que se enfrentaban los propietarios hasta ahora era la dificultad de cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) a las viviendas ocupadas. En muchos casos, los propietarios temían que esta acción pudiera ser considerada un delito de coacciones, lo que los exponía a posibles sanciones o demandas.
Sin embargo, una reciente decisión de la Audiencia de Barcelona ha cambiado por completo este panorama. A partir de ahora, cortar los suministros de una vivienda okupada no será considerado delito en la ciudad de Barcelona, lo que representa un cambio significativo para los propietarios.
Esto genera un avance positivo, que facilita a los dueños de las viviendas actuar de forma directa y sin temor de anular los servicios domésticos. Abogados y expertos en derecho inmobiliario consideran que esta resolución sentará un precedente y podría extenderse a otras ciudades de España en el futuro, proporcionando a los propietarios una herramienta más para defender su propiedad.
Identificación Obligatoria de los Okupas
Un avance importante para la nueva legislación es la obligación de identificar a los okupas en los casos de usurpación de viviendas. Muchos de los procedimientos judiciales se alargaban indefinidamente debido a la dificultad de identificar a los ocupantes ilegales. Ahora, esta nueva medida establece que la policía o guardia civil deberán llevar a cabo diligencias para identificar a los okupas, lo que permitirá a los tribunales actuar con mayor rapidez.
Estos procedimientos no solo acelerarán los procesos judiciales, sino que también garantizarán que los okupas sean identificados y se puedan tomar las medidas correspondientes de manera más rápida y eficiente.
Está claro que la nueva ley tiene como objetivo reducir considerablemente los plazos de los procedimientos judiciales y evitar que los okupas se aprovechen de la falta de identificación para permanecer en las viviendas durante periodos prolongados.
