Organizaciones sociales denunciaron que las personas afectadas por la DANA en situación irregular quedaban excluidas de las ayudas.
El Gobierno español ha anunciado que concederá autorizaciones de residencia y trabajo de un año a miles de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular y que fueron afectados por la DANA que devastó parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024, un temporal que dejó más de 200 víctimas mortales.
Según han confirmado fuentes gubernamentales, se espera que alrededor de 25.000 personas puedan obtener los permisos de residencia y trabajo como parte de un paquete de medidas que se aprobará mañana, 11 de febrero, en el Consejo de Ministros. La iniciativa tiene como objetivo facilitar la regularización de migrantes que residen en zonas que fueron golpeadas por las inundaciones.
La nueva medida se centrará en la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, que podrán solicitar los ciudadanos extranjeros empadronados o con cita para hacerlo en alguno de los municipios afectados por el temporal, siempre que la cita haya tenido lugar antes del 4 de noviembre de 2024. Además, se incluirá en esta regularización a los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja, y a los hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía.
Para los familiares extranjeros de las víctimas mortales de la DANA, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
En total, conforme ha adelantado El País, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros «podrían beneficiar a 98.000 personas, al incluir también prórrogas y renovaciones de permisos ya concedidos». Esta acción ayudará a los estudiantes, voluntarios y titulares de autorizaciones de larga duración que estén cerca de expirar, evitando que caigan en situación de irregularidad debido a la imposibilidad de renovar sus permisos o al incumplimiento de los requisitos necesarios.
Además, organizaciones sociales de la Comunidad Valenciana han señalado que muchas de las personas afectadas, en su mayoría en situación irregular, se enfrentan a la exclusión de las ayudas estatales y autonómicas, ya que requieren documentos como el DNI o NIE, así como otros requisitos como contratos de trabajo o alquiler, lo que deja a unas 40.000 personas sin acceso a apoyo.
Fotografía portada: X/@pilarbernabe.
