El Gobierno Municipal seguirá sin atender alguna de las alegaciones al PGOU

El Pacto del Grao, afirman desde Compromís, "consolida el modelo de ciudad compacta que racionaliza el uso del territorio y apuesta por la infraestructura verde"

La resolución de alegaciones busca avanzar hacia el nuevo modelo urbanístico respetando la legalidad vigente, la viabilidad técnica y económica y el interés general

Los grupos municipales del Pacto del Grao (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment) han ratificado hoy el documento de síntesis que, después del estudio y resolución de alegaciones, consolida el consenso acerca del modelo de ciudad compacta que racionaliza el uso del territorio y de los recursos, y que posibilita un crecimiento contenido del suelo urbanizable capaz de dar respuesta a las necesidades reales de suelo residencial, industrial y terciario. Además, fija la infraestructura verde urbana como elemento vertebrador y cohesionador del territorio.

El pleno debatirá el próximo 30 de abril la propuesta de resolución de alegaciones y el proyecto modificado del Plan General Estructural en base a este proceso de consulta pública para, tras la aprobación, notificar esta resolución a las personas que han presentado alegaciones y solicitado el reconocimiento de condición de público interesado y remitir el documento a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para que formule la declaración ambiental y territorial estratégica.

Las consideraciones a la hora de abordar la resolución de las más de 500 alegaciones recibidas durante el periodo de exposición pública se han basado en cuatro ejes fundamentales: ajustarse a la legalidad vigente; responder al interés general; encajar con el modelo de ciudad propuesta y ser viables técnica y económicamente.

Respecto a las alegaciones que solicitan un incremento del suelo urbanizable, se propone que los nuevos crecimientos –tanto residenciales como industriales- se ajusten a las directrices contenidas en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (2011) y en el Documento de Referencia Emitido por la Conselleria de Infraestructura (2014) y respondan así a la conformación del modelo de ciudad. Respecto a la Marjaleria, se mantienen los ámbitos delimitados con pequeñas variaciones teniendo en cuenta que se trata de una zona afectada por riesgos de inundabilidad. En cuanto al suelo no urbanizable protegido, las alegaciones que piden su calificación como no urbanizable común se resuelven recordando que el PGE establece la zonificación de suelo no urbanizable de acuerdo a un análisis de los valores que se han detectado en las diferentes zonas y explicados tanto en las Normas Urbanísticas como en los apartados correspondientes a la Memoria Justificativa.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, entre los principales acuerdos en materia de clasificación y calificación del suelo el Pacteo del Grao respalda la estimación de las alegaciones que solicitan clasificar como suelo urbanizable el existente entre el PAU Censal y la Ronda Este, pero dejando como zona agrícola la parte más al Sur y la ampliación hacia el Sur del suelo industrial del sector logístico ubicado junto a la estación intermodal del Serrallo.

También se acuerda reducir la superficie del sector residencial Breva; considerar las edificaciones semiconsolidadas dentro de las ordenaciones de diferentes sectores residenciales y se descarta la creación de nuevos crecimientos de suelo industrial aislados, pero se mantiene la continuidad de las actividades existentes. Y destacan los acuerdos para el desarrollo de la movilidad y la infraestructura verde, ordenación de la Marjaleria con criterios de sostenibilidad, cuidado del paisaje y catalogación de bienes de interés.

El documento de síntesis que marca la línea política del Pacto del Grao también hace referencia al estudio de inundabilidad del Patricova, en el que la Conselleria de Obras Públicas establece que se deberán adoptar medidas correctoras para minimizar los riesgos de inundación en los sectores afectados.

Por último, la apuesta por una reserva de viviendas de protección pública que garantice el derecho básico a la vivienda en régimen de alquiler, usufructo o en propiedad. En este sentido, se amplían las reservas de techo para vivienda protegida y se garantiza la proyección a futuro a través de un plan de vivienda que analizará la situación y proporcionará las medidas a tomar.

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