El juzgado no aprecia delitos en Fabra, Sergio García y su padre

El juzgado no aprecia delitos en Fabra, Sergio García y su padre

La causa referente al campo de golf de Borriol ha sido archivada al no encontrar indicios de delitos en Carlos Fabra, Sergio García y su padre.

 

El expresidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, el golfista Sergio García y el padre de este último, «no han cometido ninguna irregularidad en relación con el campo de golf de Borriol», según ha determinado la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón.

La magistrada investigaba posibles delitos societarios en la adquisición del campo, pero concluye que, según las diligencias de investigación realizadas, no se ha encontrado evidencia de la comisión de ningún acto delictivo por parte de los investigados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La jueza a cargo del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictaminado el sobreseimiento provisional de la causa relacionada con posibles delitos societarios en la compra del campo de golf ubicado en Borriol.

La magistrada ha concluido que, tras las diligencias de investigación llevadas a cabo, no se ha encontrado evidencia de la comisión de ningún delito por parte de los investigados: el expresidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, el golfista Sergio García y el padre de este último.

La causa se inició en julio de 2016, se archivó inicialmente en mayo de 2017 y se reabrió en 2020 después de que surgieran nuevos datos en el contexto de otro procedimiento relacionado con la presunta ocultación de patrimonio por parte de Fabra.

En la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha aceptado la solicitud de sobreseimiento presentada por los tres investigados.

La jueza considera que no hay «ninguna relación» entre el préstamo de 100.000 euros otorgado por el padre del golfista a Carlos Fabra en 2009 y la adquisición de los terrenos por parte de la empresa de la familia del deportista, Golf Borriol SL, a la sociedad Golf del Mediterráneo SA. Cabe destacar que Carlos Fabra presidía el consejo de administración de esta última.

El auto señala que la constitución de las hipotecas por parte de Golf del Mediterráneo SA fue una decisión tomada por el Consejo de Administración y ratificada por la Junta General de la sociedad. Este fallo judicial puede ser impugnado mediante recurso de reforma y/o apelación.

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Esas decisiones estaban «fuera del alcance y poder de decisión» de Carlos Fabra, «cuya participación quedaba reducida a emitir su propio voto sin ostentar la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo», añade.

La jueza tampoco observa la comisión de ningún delito en el contrato de arrendamiento de industria suscrito en noviembre de 2013 entre ambas empresas, ya que este «no implicaba lesión alguna para los intereses» de Golf del Mediterráneo SL. La entidad arrendataria simplemente «sustituía como gestor en las instalaciones a una asociación deportiva con dificultades económicas».

Ese contrato fue ratificado también por la Junta General de la mercantil arrendadora en junio de 2014, por lo que «también estaba fuera del alcance y poder de decisión del investigado Carlos Fabra».

Finalmente, el auto destaca que las diligencias de investigación practicadas no han demostrado que los investigados «recibieran remuneración o gratificación alguna» como resultado de estas operaciones económicas. Tampoco se ha establecido «relación alguna» entre el préstamo de 2009 mencionado anteriormente y la adquisición de los terrenos del campo de golf.

El contrato de arrendamiento se presenta como una solución económica para la entidad Golf del Mediterráneo SA, previsto para cubrir un periodo de diez años, aunque posteriormente quedó limitado a un periodo inferior desde su firma en el año 2013 hasta el año 2016, cuando se adjudican los terrenos a Golf Borriol.

Precisa la resolución judicial.

De igual manera, la jueza ha analizado un segundo préstamo, de Golf Borriol SL al club de campo del Mediterráneo, de julio de 2013, y ha concluido que se otorgó de forma pública y respondía «a la necesidad de abonar gastos necesarios como seguros sociales y nóminas».

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