Enric Nlomdedéu, Ali Brancal y Miguel Torres, absueltos
Ante el veredicto del tribunal del jurado conocido en el día de hoy en el denominado ‘Caso de los sobres’, que ha sentado en el banquillo de los acusados a los dos exvicealcaldes y concejales de Compromís del Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu y Alicia Brancal, y al que fuera asesor del Grupo Municipal Compromís, Miquel Torres, el Partido Popular de la ciudad de Castellón quiere manifestar lo siguiente:
- El Partido Popular de Castellón acata y respeta las decisiones de la Justicia, como máxima expresión y garantía del derecho constitucional que asiste a los ciudadanos.
- La decisión de sentar en el banquillo de los acusados a los tres representantes de Compromís no fue una decisión del Partido Popular, sino de un juez, que ha rechazado hasta en dos ocasiones el archivo de la investigación de los hechos enjuiciados en fase de instrucción, y quien decidió celebrar un juicio para esclarecer la verdad. Si esto fue así, fue porque se consideró que había indicios suficientes de estar ante un caso de delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental. Así queda acreditado en el auto de la Audiencia Provincial de 18 de octubre de 2021 en el que se aludía a la existencia de “suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación de los investigados Enric Nlomdedéu, Ali Brancal y Miguel Torres en la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, objeto de este procedimiento, por lo que debe continuar la causa contra los mismos”.
- Ha quedado acreditado durante todo el proceso la existencia del delito, independientemente de que finalmente no se haya podido demostrar que ese delito haya sido cometido por los tres acusados. Así lo acreditaron también los testigos aportados por la acusación en esta demanda, y así se ha intentado demostrar desde el Partido Popular de Castellón, con cuantos medios han estado a su alcance con el fin último de esclarecer la verdad.
- El Partido Popular de Castellón presentó la demanda para instar a la apertura de una investigación y posterior procedimiento judicial convencido de que los hechos investigados tenían la suficiente base como para ser constitutivos de un delito, como así ha quedado demostrado con la celebración del propio juicio, dentro de su obligación de preservar los intereses de los castellonenses, también los económicos, además del cumplimiento de la legalidad y el buen nombre del Ayuntamiento de Castellón.
