El PP pide seguridad en las calles

Carrasco: “Los delitos han crecido un 26% en la ciudad, el gobierno debería abordar la inseguridad con el mismo ahínco con el que han metido las máquinas en Lidón”

  • Ante las cifras del Ministerio del Interior correspondientes al año 2021 respecto al año anterior, la portavoz Popular, Begoña Carrasco, ha insistido en la necesidad de cubrir las vacantes en la Policía Local de Castellón, dotarles de más medios humanos y técnicos y la convocatoria urgente del Consejo Local de Seguridad.

La preocupación está en la calle, si el equipo de gobierno la pisara lo sabría. Los castellonenses agradecerían que se tomara esta problemática igual de en serio que se han tomado la reforma de Lidón o de la plaza la Paz”, señal

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón Begoña Carrasco, ha insistido en el Pleno -a través de una iniciativa en forma de moción-, en que el equipo de gobierno municipal debería reaccionar ante las cifras del Ministerio del Interior que cifran en un 26,2% más los delitos en la ciudad de Castellón durante el 2021 y  respecto al año anterior. “El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no debería obviar estas cifras reales, muy preocupantes. La seguridad ciudadana debería estar por encima de otras de sus prioridades, porque la preocupación está en la calle. Si el equipo de gobierno la pisara lo sabría. Los castellonenses agradecerían que se tomara esta problemática igual de en serio que se han tomado la reforma de Lidón o de la plaza la Paz”, ha explicado.

La moción de los Populares -que ha sido rechazada por el tripartito-, proponía cubrir las plazas vacantes que han ido dejando las jubilaciones anticipadas en el cuerpo de Policía Local y aumentar el número de agentes a pie de calle, así como dotar a este cuerpo de más recursos técnicos, entre otras medidas. Carrasco ha querido dejar claro que valoran “el grandísimo esfuerzo y la magnífica labor que realizan los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, pero es evidente que necesitan más apoyos humanos y técnicos para continuar combatiendo el aumento de la delincuencia” .

Desde septiembre del año pasado se han producido en Castellón peleas callejeras con apuñalamientos que dejaron a dos menores en la UCI; una joven pianista del conservatorio apuñalada en el portal de su casa; ocupaciones ilegales en viviendas de las calles Dean Martí, calle Borriol y en el Raval Universitario; la agresión a una sanitaria en el parking del Hospital General a punta de pistola; atracos a comercios del centro; el homicidio de una mujer de 76 años en el Grao; incendios de coches y ruedas pinchadas en la plaza Constitución e incluso el robo masivo de móviles y carteras en un campo de fútbol municipal. “Hoy mismo la prensa recoge la preocupación de vecinos de la zona de la UJI porque okupas pegan tiros desde las ventanas y de hoy mismo también un atraco a una verdulería en la calle Herrero, noticias más que preocupantes para priorizar esta cuestión”, ha relatado.

 

Por otra parte, los Populares solicitaban la convocatoria urgente del Consejo Local de Seguridad para escuchar a los vecinos, a los cuerpos de seguridad, a los partidos políticos, “porque entre todos podemos encontrar soluciones que no se están dando”, dice Carrasco.

El rechazo a la moción presentada por los Populares también ha supuesto el rechazo del gobierno municipal a las demandas de la Policía Local, como la creación de plazas de segunda actividad para los agentes de mayor edad; que el Ayuntamiento cubra el servicio de asesoría jurídica para garantizar la defensa de los agentes afectados en procesos judiciales en el ejercicio de sus funciones; que se active sin más demoras la carrera profesional o que se desbloqueen los cursos del IVASPE, ahora mismo sin ofrecerse.

Cámaras contra vertederos ilegales

Los Populares también ha presentado una moción para atajar el problema de insalubridad que suponen los vertederos ilegales en la Marjalería mediante la instalación de cámaras conectadas con la Policía Local. El portavoz Popular adjunto, Sergio Toledo ha instado al equipo de gobierno a apagar las 21 cámaras de control de acceso al centro y trasladarlas en los puntos negros de la Marjalería donde se acumula basura. “Se abordan dos problemáticas de una sola vez. Por un lado se pone fin al gran hermano en que han convertido el centro con  el sistema recaudatorio y abusivo que suponen las multas a razón de 80 euros cada una. El control de acceso de vehículos estaría resuelto con el sistema de bolardos, tal y como había antes y, por otro lado, se pretende acabar con los comportamientos irresponsables de tirar todo tipo de residuos en lugares donde no está permitido. Se trata de una solución que ha sido adoptada por otros Ayuntamientos, como Almassora o Vila-real”, ha explicado.

La misma moción, que ha sido rechazada por los socios de gobierno, instaba a atender otra cuestión fundamental como es la seguridad. “Reiteramos la petición de más presencia policial en la Marjalería, más agentes de Policía Local patrullando la zona”, ha insistido Toledo.

Entre otras medias, también proponía llevar a cabo un plan de pavimentación integral de caminos; intensificar la limpieza en los márgenes de los mismos, comidos por la vegetación, y en las acequias. Y, por último, pedía la apertura permanente del consultorio médico de la Marjalería, que ha estado cerrado y sigue cerrado durante la pandemia, para atender a los 15.000 vecinos que residen en las más de 4.000 viviendas de esta zona.

Comisión de Investigación

El Partido Popular ha votado en contra del dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación de la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local que ha costado 1,5 millones de euros y sigue sin funcionar como debería. “No se ha cumplido el objetivo del contrato”, ha señalado el concejal Popular, Vicent Sales.

“Consideramos que en la actuación del equipo de gobierno puede haber negligencia gravosa para las arcas públicas. Las sospechas de actuaciones irregulares nos hacen pensar que solo en instancias judiciales se podría resolver si estamos simplemente ante una acción política negligente”, ha indicado.

Cabe recordar que quien resulta la adjudicataria del contrato para la reforma de la Sala de Emergencias acaba siendo una empresa, sin experiencia en este tipo de pliegos, sin actividad  declarada y que descartó las ofertas de otros licitadores para acabar proponiendo la adjudicación de su empresa vecina en San Lorenzo del Escorial.

Y lo más preocupante, apunta Sales es que “tras múltiples peripecias y recursos de otros licitadores, la Sala se recepcionó y se pagó en 2017 y hoy no está unificada y tampoco tiene  centralizados sus servicios, como era el objeto del contrato. Por eso, cuando el 30 de septiembre de 2017 se produjo el asalto al Ayuntamiento, las cámaras que se suponía se habían recepcionado en abril de 2017, no es que no funcionaran; es que no estaban instaladas en los lugares previstos en el Pliego del contrato”.