Han pedido a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que "actúe, detenga estos ataques y garantice la seguridad" del líder autonómico.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles 26 de marzo en Valencia a un hombre de 30 años acusado de proferir «amenazas de muerte» en varias ocasiones contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a través de las redes sociales. Según han confirmado fuentes de la investigación, el arrestado enfrenta cargos por un presunto delito de odio y amenazas, y fue puesto a disposición judicial el jueves 27 de marzo.
El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, llevaba aproximadamente tres meses publicando mensajes intimidatorios dirigidos al jefe del Consell, motivados aparentemente por su gestión de la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que el pasado 29 de octubre dejó 228 fallecidos y cuantiosos daños materiales en la provincia de Valencia.
Entre los mensajes denunciados, según fuentes cercanas a la Generalitat, se encontraban frases como «Els valencians anem a llevar-te la vida. Estas mort» (los valencianos vamos a quitarte la vida. Estás muerto) y «Anem a pegar-li un tir entre cella i cella a Mazón, aneu assumint-ho. I aspai qui estiga al voltant que pagarà també» (vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja a Mazón, id asumiéndolo. Y cuidado quien esté a su lado que lo pagará también”, escritos originalmente en valenciano y enviados a través del perfil de Instagram.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la propia Generalitat, que trasladó a la Policía Nacional los mensajes amenazantes recibidos. La Policía, según fuentes oficiales, no descarta que puedan producirse nuevas detenciones relacionadas con este caso, aunque por el momento no se ha identificado si el detenido actuaba en solitario o formaba parte de un grupo organizado.
Reacciones políticas: el PP apunta a PSPV y Compromís
La detención ha desatado una ola de reacciones políticas en la Comunitat Valenciana. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) emitió un comunicado en su perfil oficial de X en el que acusó al PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) y a Compromís de haber “cruzado todos los límites con su campaña contra Mazón”. En el mismo mensaje, exigieron a la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, que “cumpla, frene estos ataques y garantice la seguridad” del president.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, también del PP, condenó enérgicamente las amenazas, declarando,
Quien aprovecha tragedias como la nuestra para intoxicarlas con odio y amenazas merece toda nuestra condena.
En la misma línea, el diputado popular en Les Corts Valencianes, Alfredo Castelló, subrayó,
Hay cosas que no se pueden permitir en democracia.
Y llamó a una condena unánime de estos actos.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, había garantizado días antes del arresto su compromiso con la seguridad de Mazón. Afirmó,
Sin duda alguna, trabajaré como delegada del Gobierno para mantener la seguridad en todos los entornos donde el president Mazón esté.
Esta declaración se produjo en un contexto de crecientes tensiones, tras incidentes como la interrupción de la visita de Mazón a las gaiatas de la Magdalena 2025 en Castellón el pasado jueves, cuando las protestas ciudadanas obligaron a suspender el acto por «falta de condiciones de seguridad».
Contexto de tensión social y política
El arresto se produce en un momento de elevada crispación en la Comunitat Valenciana, donde la gestión de la DANA ha generado un fuerte malestar social y político. La Generalitat Valenciana expresó su sorpresa por el retraso en la comunicación oficial de la detención, que no fue notificada a Presidencia hasta el lunes 31 de marzo, cinco días después del arresto.
Fuentes oficiales del Ministerio del Interior, han reiterado que la Policía Nacional mantiene activa la investigación para determinar si existen más implicados o si las amenazas forman parte de una campaña coordinada. Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los representantes públicos y el uso de las redes sociales como herramienta de intimidación.
Este incidente se suma a las dificultades que enfrenta Carlos Mazón, quien ha reducido su agenda pública tras ser increpado en reiteradas ocasiones desde la catástrofe del 29 de octubre. La detención del joven de 30 años representa el primer caso confirmado de acción judicial por amenazas directas contra el president en este contexto, aunque la Policía advierte que sigue monitorizando las plataformas digitales ante el riesgo de nuevos episodios similares.
