Acció Ecologista-Agró denuncia que la APV realiza las obras "sin los estudios de impacto ambiental requeridos", lo que genera consecuencias "impredecibles".
Acció Ecologista-Agró, miembro de la Comissió Ciudad-Port, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión de las obras de ampliación del Puerto de València tras la presentación de un informe pericial que considera que es necesario realizar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).
Según informa la entidad ecologista, el perito independiente designado por el Tribunal ha instado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a «efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria», que sería diferente a la realizada en 2007, ya que, en su opinión, «no se trata de una modificación en cuanto la obra es nueva».
El comunicado destaca que la prueba pericial, «realizada siguiendo el criterio del tribunal de elegir aleatoriamente a un miembro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, respalda la tesis del colectivo ecologista, quien inicialmente propuso al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para llevar a cabo dicho estudio».
El perito hace referencia a la DIA formulada en 2007, en un proyecto que ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo y que, según el informe, difiere sustancialmente del anteproyecto constructivo de ampliación del puerto de 2018. Se concluye que, debido a estas diferencias, el actual proyecto de ampliación «no ha sido evaluado a efectos ambientales».
En base a este informe, la Comissió Ciutat-Port ha solicitado al TSJCV una medida cautelar para suspender la ejecutividad del acuerdo por el cual la APV aprobó el proyecto constructivo y paralizar todas las obras del proyecto de ampliación norte, que ya incluyen el nuevo muelle de contenedores en marcha.
La entidad denuncia que la APV está operando sin haber realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes, y advierte que las consecuencias de las obras son, en este momento, imprevisibles. «Hemos pedido la paralización inmediata de estas obras porque ya queda atestiguado que se conocen los efectos perjudiciales para el medio ambiente que va a traer esta ampliación y debemos parar esta atrocidad antes de que sea demasiado tarde», han señalado desde la Comissió de Territori de Acció Ecologista-Agró.
Hasta el momento, el TSJCV ha desestimado las dos peticiones de suspensión cautelar de la ampliación norte debido a la falta de acreditación de dos requisitos: el «periculum in mora» (riesgo de daño irreparable que justifique actuar con premura) y el «fumus bonis iuris» (apariencia de que el derecho alegado tiene fundamento). Sin embargo, en la nueva petición, los ecologistas argumentan que ambos elementos concurren, por lo que solicitan que el Tribunal valore la procedencia de la medida.
El auto de la nueva solicitud precisa que las obras en ejecución actualmente incluyen el dragado del canal de acceso y la demolición del dique construido durante la primera fase de la ampliación norte. Además, los cruceros turísticos han comenzado a atracar en el sur, en la terminal de Balearia.
«En consecuencia, si queremos asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el presente proceso, que no se pierda la finalidad legítima del recurso, es necesario que se suspenda el acuerdo recurrido y se paralicen todas las obras que se estén realizando en ejecución del Proyecto de la ampliación Norte del Puerto de Valencia», añaden en su solicitud.
En relación con el «periculum in mora», los ecologistas citan el informe pericial de diciembre de 2024, que concluye que, debido a las principales diferencias definidas, el proyecto promovido por la APV es distinto a la Alternativa 4 aprobada en 2007 con DIA favorable. Por lo tanto, el actual proyecto «no ha sido evaluado a efectos medioambientales».
El perito señala que «procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva».
Finalmente, sobre la apariencia de buen derecho («fumus boni iuris»), argumentan que el Tribunal Supremo ha admitido con pocas reservas esta figura cuando están en peligro valores medioambientales que deben prevalecer sobre otros intereses, sean particulares o generales.
Por ello, han solicitado la suspensión del acuerdo del consejo de la APV del 2 de diciembre de 2022, que aprueba el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de València, y que se suspendan las obras «mientras se sustancia el presente recurso contencioso-administrativo». Concluyen.
Fotografía portada: Puerto de València -Archivo/GVA.
