Un juzgado ha abierto una investigación por presunto cohecho contra varios funcionarios de la prisión donde cumple condena la autora del asesinato del niño Gabriel.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila ha abierto una investigación por un presunto delito de cohecho contra varios funcionarios del centro penitenciario de Brieva, donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018 en Níjar (Almería). Según fuentes judiciales citadas por El País, «los funcionarios habrían facilitado un teléfono móvil a Quezada a cambio de favores sexuales», dispositivo que la interna «habría utilizado para grabar vídeos con fines de chantaje para obtener un traslado a otra prisión».
En mayo de 2024, funcionarios del centro penitenciario de Brieva (Ávila) ya llevaron a cabo varios registros en la celda de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. El objetivo era localizar un supuesto teléfono móvil que, según denunció públicamente Patricia Ramírez —madre del menor—, habría sido utilizado por la reclusa para colaborar en un documental sobre el crimen, presuntamente desde el interior del penal. La comparecencia de Ramírez tuvo lugar en la Diputación de Almería, donde acusó a los funcionarios de facilitar dicho dispositivo.
A raíz de sus declaraciones, la dirección de la prisión ordenó una serie de inspecciones y cacheos, aunque según fuentes del centro, no se halló ningún objeto prohibido durante las requisas.
Días antes, Ramírez comunicó que había puesto el caso en conocimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras recibir información directa que apuntaba a que varios trabajadores del penal habrían permitido a Quezada el uso de un teléfono móvil. Ana Julia habría enviado audios y vídeos a una productora, cuyo nombre no reveló, aunque advirtió que interpondría acciones legales contra la empresa por continuar con el proyecto sin el consentimiento de la familia.
La cárcel de Brieva, ubicada a 10 kilómetros de Ávila, alberga a unas 70 internas y es conocida por su régimen estricto. Quezada, condenada a prisión permanente revisable, solicitó recientemente un traslado a un centro en Barcelona, lo que podría estar vinculado a los presuntos chantajes.
Denuncia de Patricia Ramírez: desamparo judicial y vulneración de derechos
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en Almería, donde denunciará lo que considera un “desamparo y desprotección institucional y judicial”. Ramírez también abordará la vulneración de derechos contemplados en el Estatuto de la Víctima y normativas europeas, así como las irregularidades en Brieva que afectan la integridad moral de su familia. En su comparecencia, ha solicitado a los medios evitar detalles escabrosos sobre el crimen de su hijo, conocido como “el Pescaíto”.
Esta no es la primera vez que Ramírez alza la voz. En junio de 2024, compareció ante la Comisión de Interior del Senado para reclamar un pacto de Estado que regule los contenidos de true crime, tras descubrir que Quezada intentó firmar un contrato con una productora para un documental. La prisión de Brieva denegó la participación de Quezada al detectar el uso indebido de un teléfono móvil, pero Ramírez ha denunciado que estas acciones reabren heridas y generan un “juicio paralelo” que agrava el dolor de las víctimas.
Lucha contra la explotación mediática de crímenes graves
Ramírez ha expresado su preocupación por la explotación mediática de casos como el de su hijo o el de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba. También ha criticado que Quezada haya intentado justificar su participación en proyectos audiovisuales para obtener ingresos destinados a la responsabilidad civil o a su familia, lo que considera una afrenta a la memoria de su hijo.
El caso ha reavivado el debate sobre los derechos de las víctimas y la regulación de contenidos que ‘glorifican’ crímenes graves. Ramírez ha abogado por medidas que protejan a las familias de víctimas, como la prohibición de publicar libros o productos culturales basados en entrevistas con autores de delitos especialmente graves.
Fotografía portada: Ana Julia Quezada / RR.SS.
