El Gobierno apura el plazo para presentar la documentación, que expira este martes.
Este lunes, el Ministerio de Hacienda ha solicitado formalmente la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para financiar parcialmente los gastos derivados de los daños ocasionados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó principalmente la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según la información proporcionada por Hacienda, se ha recopilado documentación detallada que asciende a 4.404 millones de euros en gastos susceptibles de beneficiarse de este instrumento europeo.
El Ministerio ha explicado que esta cifra podría ser reducida si algunos de los gastos elegibles se financian a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, en cualquier caso, el monto total solicitado no se recibirá íntegramente, ya que supera con creces el presupuesto total disponible en la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que es de 1.500 millones de euros.
Hacienda ha detallado en su comunicado que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es el principal mecanismo de la UE para proporcionar apoyo a los países afectados por catástrofes naturales. Para acceder a este fondo, los daños causados deben superar el 0,6 % de la renta nacional bruta o los 3.000 millones de euros, según los precios de 2011. La DANA que afectó a Valencia en octubre del año pasado cumple con estos criterios, ya que los daños superaron estos umbrales y generaron gastos que pueden ser financiados, como los relacionados con el restablecimiento de infraestructuras, alojamiento temporal, seguridad en infraestructuras, limpieza y protección del patrimonio cultural.
La documentación enviada por el Ministerio de Hacienda a Bruselas incluye 4.404 millones de euros en gastos que cumplen los requisitos para ser financiados con el fondo. No obstante, Hacienda ha aclarado que la cifra final que se recibirá será necesariamente inferior a esa cantidad.
Ahora, la Comisión Europea procederá a analizar la documentación y asignar el importe correspondiente a España. Este proceso deberá ser aprobado por el Consejo Europeo y el Parlamento de la Unión Europea, lo que podría llevar varios meses. Una vez aprobado, se firmará un acuerdo con el país beneficiario y se procederá al desembolso de los fondos.
Cabe recordar que España activó el Fondo de Solidaridad por primera vez en 2003, tras la crisis del Prestige, y lo ha utilizado en otras siete ocasiones, entre ellas en 2020 por la pandemia de COVID-19 y en 2022 debido a la erupción del volcán en La Palma.
El Gobierno apura el plazo para presentar la documentación
El plazo para presentar la solicitud expiraba este martes, 21 de enero. España ha cumplido con el plazo de 12 semanas establecido por Bruselas para solicitar este apoyo, que comienza a contar desde los primeros daños causados por la catástrofe. Este proceso culmina en la presentación de la documentación a la Comisión Europea, que evaluará la solicitud.
El Ministerio de Hacienda también ha incluido en la documentación una carta de la ministra María Jesús Montero dirigida al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto. En la carta, Montero resalta que el Gobierno de España, junto con las autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos disponibles para mitigar los daños y ayudar a los afectados. Además, destaca que se ha realizado el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en la historia reciente del país.
Funcionamiento del Fondo de Solidaridad
El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) fue creado en el verano de 2002 con un presupuesto anual inicial de 500 millones de euros. Este presupuesto ha sido incrementado para el período 2024-2027 hasta alcanzar los 1.144 millones de euros anuales debido a la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales. Sin embargo, la Comisión Europea aclara que no se trata de una ayuda de respuesta inmediata, por lo que el desembolso puede tardar varios meses.
El reglamento establece que los Estados miembros deben presentar la solicitud dentro de un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños. En el caso de catástrofes de evolución más lenta, como sequías o emergencias sanitarias, el plazo es de 12 semanas después de la adopción de la primera medida oficial contra la emergencia.
Una vez presentada la solicitud, la Comisión evaluará la documentación y propondrá el importe de la ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, quienes deberán aprobarla. El importe asignado dependerá de los daños causados en relación con el PIB del país o región afectada. El Estado beneficiario será responsable de ejecutar la ayuda, incluyendo la selección de las operaciones y su auditoría y control.
El Fondo de Solidaridad puede utilizarse para restaurar infraestructuras, proporcionar alojamiento temporal, financiar servicios de rescate para la población afectada y proteger el patrimonio cultural, entre otras medidas de emergencia. Las medidas de emergencia pueden ser financiadas de manera retroactiva desde el primer día de la catástrofe.