Fabregat: “Ni Marco ni Oltra rescatan a personas, la Generalitat debe 2,7 millones a Castellón, más de 837.000 € en materia de Bienestar Social”

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Susana Fabregat afirma: ”Los castellonenses no estamos hoy mejor. Ni el Ayuntamiento, por falta de reivindicación, ni la Generalitat, que nos debe dinero, están solucionando los problemas sociales de muchas familias castellonenses. Son entidades sociales como Cruz Roja o el Banco de Alimentos las que están rescatando a personas y no los gobiernos de izquierdas del Botànic y del Fadrell”.

“La falta de sensibilidad de la alcaldesa se evidencia con el atasco que hay en los departamentos de Servicios Sociales del Ayuntamiento, con más de un mes para resolver peticiones de vales de comida, es evidente que se debe hacer más. Y respecto al Plan de Vacunación, de nuevo improvisación y falta de transparencia. Sin aclarar nada,  se pasa a hablar de instalaciones para vacunaciones masivas y la alcaldesa se aventura a hablar de dos recintos sin concretar en base a qué criterios. Los castellonenses merecen saber más, necesitan un gobierno que les atienda, que resuelva sus necesidades más básicas, algo que ahora mismo no ocurre por parte de ninguna de las administraciones gobernadas por la izquierda”, añade.

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Susana Fabregat ha explicado en rueda de prensa, junto a la diputada autonómica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Marisa Mezquita, que hoy ni la alcaldesa Amparo Marco, ni la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, están resolviendo los problemas sociales urgentes que tienen los castellonenses, que se han visto agravados por la pandemia. “El Ayuntamiento es responsable en la medida en que no es lo suficientemente reivindicativo, teniendo en cuenta que la Generalitat debe a todos los castellonenses 2,7 millones de euros, de los cuales, más de 837.000 euros corresponden a las áreas de Bienestar Social. Cuestión de prioridades, cuando más falta hace el dinero, porque las consecuencias de la pandemia están siendo muy dramáticas, Oltra prefiere gastarse 12 millones de euros en reformarse los despachos del antiguo Palacio de la Audiencia Provincial en la Plaza Borrull”, señala Fabregat.

La concejala Popular constata grandes deficiencias por partes de las dos administraciones punto de vista de bienestar social y también sanitario. “Los castellonenses no estamos hoy mejor pese a la crisis del cononavirus. La situación es cada vez es más dramática, y no está, ni mucho menos, a la altura de lo que merecen los castellonenses, y desde luego, a años luz de lo que pregonan los gobiernos socialistas de la ciudad y de la Comunitat Valenciana”, argumenta Fabregat. Y añade: “La alcaldesa se limite a repetir, como un mantra, que la gestión de la pandemia no es competencia suya, como si el virus entendiera de instituciones y leyes. Y todo en un contexto de crisis económica, con casi 16.000 parados en la capital de la Plana, unos 2.000 más en muy pocos meses, sin haber tocado fondo, lamentablemente”.

Fabregat cita como ejemplo el atasco que hay en los departamentos de Servicios Sociales del Ayuntamiento, “con más de un mes para resolver peticiones de vales de comida. Aquí se evidencia la falta de sensibilidad de la alcaldesa, es vidente que se debe hacer mucho más, porque se trata de necesidades básicas diarias”. “Quines verdaderamente están rescatando a personas son las entidades sociales sin ánimo de lucro como el Banco de Alimentos atendiendo a más de 15.000 personas y Cruz Roja, solo en la ciudad de Castellón, atendió a 22.411 personas durante 2020, con más de 128.000 intervenciones”, recuerda.

Con respecto al Plan de vacunación, “de nuevo improvisación y falta de transparencia”, explica Fabregat. “Sin aclarar nada, se pasa a hablar de instalaciones para vacunaciones masivas y la alcaldesa se aventura a hablar de dos recintos sin concretar en base a qué criterios. Los castellonenses merecen saber más, necesitan un gobierno que les atienda, que resuelva sus necesidades más básicas, algo que ahora mismo no ocurre por parte de ninguna de las administraciones gobernadas por la izquierda”, añade.

Faltan facultativos y vacunas

La diputada autonómica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Marisa Mezquita, centrada en el área de Sanidad denuncia el retraso en los pagos de más de seis meses al ‘tercer sector’ , en el que entran las entidades sociales, “cuando precisamente la Generalitat aprobó en mayo un decreto de medidas urgentes para anticipar el dinero a todas estas entidades sociales como Cruz Roja que han estado haciendo un sobreesfuerzo humano y económico ayudando a quienes más lo necesitan, poniendo incluso dinero de sus bolsillos ante los retrasos de la Generalitat”.

Un retraso que ha calificado de “burla” teniendo en cuenta que el 27% de la población de la Comunidad Valenciana está en situación de pobreza y sobreviven gracias a las entidades sociales”, subraya Mezquita.

Para la diputada autonómica del PP la gestión de Mónica Oltra es “irresponsable” tanto por la falta de compromiso con quienes peor lo están pasando, como por la falta de previsión. “Más de 700.000 personas están en riesgo y la Generalitat se desvincula por completo, siendo las entidades sociales y los 35.000 voluntarios de éstas los que están asumiendo el trabajo que no hacen las administraciones. Basta ya de anuncios, una cosa es anunciar y otra bien distinta es cumplir, como se está viendo”.

Y con respecto a la gestión sanitaria, Marisa Mezquita denuncia fallos en el Plan de vacunación. “Ha fallado todo por falta de un protocolo claro. Desde no saber cuántas dosis extraer de cada vial, primero 5, luego 6, ha habido agravios comparativos entre el personal sanitario de la pública y de la privada, han tirado de ideología y sectarismo dejando de lado a los profesionales que están en primera línea en la sanidad privada y se ha producido un desvío de vacunas que en principio iban a ser para Castellón, pero que han acabado en la provincia de Alicante y no en una, sino en dos ocasiones, como han denunciado los propios sindicatos, hasta 4.000 vacunas desviadas, además de la falta de información y transparencia a los municipios que está dejando mucho que desear en esta pandemia”.

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