Fernández: “La factura de las desaladoras va a arruinar a cinco municipios de la provincia de Castellón”

La portavoz de Cs en la Diputación pide a Sánchez "que explique por qué se ha pagado su coste en Cataluña y aquí no sucede lo mismo".

Ciudadanos ha vuelto a reiterar su petición al gobierno central para que asuma los costes de construcción de las desaladoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa de forma íntegra. Un coste que asciende, en la provincia de Castellón, a 116 millones de euros de impacto en las arcas de los Ayuntamientos de Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Oropesa y Cabanes.  “La ruinosa factura de las desaladoras la van a seguir pagando las próximas generaciones de castellonenses, de forma directa o indirecta. Solamente Benicàssim tiene que pagar 1 millón de euros al año, durante los próximos 25 años. Eso sin abordar los costes actuales de mantenimiento de las instalaciones y producción de agua desalada, simplemente en lo que se refiere a su construcción. Una hipoteca inasumible que va a paralizar a cinco municipios emblemáticos en materia turística“.

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, pide una reunión urgente con los responsables ministeriales “para que la deuda no siga engordando día a día y sin ningún tipo de control“. Fernández ha recordado que “estamos asumiendo costes que no nos corresponden, que se hicieron en base a estimaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Los convenios que se firmaron no son válidos, se establecieron mediciones de una determinada cantidad de agua desalada para un determinado aumento de la población que nunca tuvo lugar. Estamos pagando la factura de un banquete de bodas para 500 invitados en una boda que se puede celebrar en una pequeña cafetería“.

Además, Cristina Fernández denuncia el agravio comparativo con otros territorios en los que el estado sí ha asumido la financiación de estas infraestructuras. “Nos resulta incomprensible que el gobierno de Pedro Sánchez sí haya asumido este coste en Cataluña y otras comunidades autónomas. Evidenciando que el problema ni siquiera es de financiación, sino de trato discriminatorio. En Castellón que lo paguen sus ayuntamientos y en Cataluña entre todos los españoles“.

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