Garrido valora el plan del Gobierno de frenar los desahucios en alquileres de grandes propietarios

La concejala de Vivienda subraya que las nuevas medidas prevén frenar los desahucios en alquileres relacionados con fondos buitre

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, María Jesús Garrido, ha mostrado su satisfacción por el plan anunciado por el Gobierno central de frenar los desahucios en familias vulnerables en alquileres de viviendas propiedad de grandes propietarios y fondos de inversión o buitre.

La regidora de Vivienda considera un “paso importante” la decisión del Ejecutivo central de ampliar este martes la moratoria de desahucios en vigor desde 2013 incorporando también los casos de alquiler de familias en riesgo de exclusión social. Recuerda que la actual moratoria impide echar a personas en vulnerabilidad sin alternativa habitacional en ejecuciones hipotecas y destaca, por ello, que este cambio es necesario porque en la actualidad la mayoría de los desahucios se debe a impagos por el alquiler.

Asevera que recoge demandas de colectivos sociales como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, como la extensión del periodo de duración hasta los cuatro años y la inclusión de las situaciones del alquiler, especialmente en pisos propiedad de grandes tenedores y fondos buitre. También, añaden, como supuesto de vulnerabilidad, las familias monoparentales con hijos a cargo (que se suman a hogares con menores de edad, que conviven personas en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave o víctimas de violencia de género, además de desempleo).

Afirma que estos cambios se impulsarán en el marco de la reforma ya prevista de Arrendamientos Urbanos, contemplándose medidas que eviten los desahucios de hogares con problemas económicos en zonas de mercado de alquiler tensionadas (con aumentos desproporcionados del precio) y por grandes tenedores vinculados al mercado inmobiliario.

Garrido subraya que el Gobierno también prevé de cada al verano otorgar facultades a las autonomías y ayuntamientos para que puedan regular el precio máximo del precio del alquiler en las citadas zonas tensionadas.

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