Tensión y clamor por justicia en la llegada de Salomé Pradas y Emilio Argüeso a los juzgados por la gestión de la DANA en Valencia.
La Ciudad de la Justicia de Valencia ha sido escenario esta mañana de un ambiente cargado de emoción, indignación y exigencias de verdad con la llegada de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, citados como investigados por su gestión durante la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 víctimas mortales y devastó numerosos municipios de la Comunidad Valenciana.
Familiares de las víctimas, asociaciones y ciudadanos se concentraron desde las 8:30 horas frente a los juzgados, portando pancartas, manos pintadas de rojo simbolizando sangre y camisetas que rezaban «229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida». Entre gritos de «asesinos», «Mazón dimisión» y el sonido del sistema ES-Alert, los presentes exigieron justicia y respuestas.
Llegada bajo presión y gritos de «verdad»
Salomé Pradas fue la primera en llegar, a las 9:17 horas, acompañada de su abogado, Eduardo de Urbano. Su entrada estuvo marcada por un fuerte rechazo de los concentrados, que la recibieron con gritos de «asesinos» y preguntas como «¿Dónde estabais a esas horas?». Visiblemente afectada, Pradas declinó hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación presentes, asegurando que hablaría tras su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, reubicado temporalmente en Valencia por los daños causados por la riada en su sede original.
Media hora después, a las 9:45 horas, Emilio Argüeso hizo su aparición, sorprendiendo a los presentes, ya que estaba citado a las 12:30 horas. Acompañado también por su abogado, fue recibido con el sonido del ES-Alert reproducido por los manifestantes y una petición clara: «Di la verdad». Al igual que Pradas, optó por no atender a la prensa hasta finalizar su declaración. La tensión en el lugar escaló, lo que llevó a una intervención policial para dialogar con los concentrados y retirar un megáfono a uno de ellos, en un intento de calmar los ánimos.
Concentración cargada de simbolismo
La concentración, que comenzó temprano, reunió a familiares de las víctimas y miembros de asociaciones como la Associació Víctimes de la Dana. Las pancartas exhibidas reflejaban el dolor y la frustración: «Justicia por mi marido y mis hijos», «Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia» o «Asesinos». Una figura gigante del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con manos pintadas de rojo y una sonrisa, se erigió como un símbolo de la indignación colectiva hacia la gestión autonómica de la tragedia. Tras la entrada de los investigados, los familiares, visiblemente emocionados, se abrazaron entre lágrimas, preguntándose unos a otros por la «ausencia de acción de las autoridades el día de la riada».
Imputaciones y argumentos judiciales
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la investigación, citó a Pradas y Argüeso el pasado 10 de marzo como investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Según el auto judicial, Pradas, como máxima autoridad de la Conselleria de Justicia e Interior, tenía la responsabilidad de adoptar medidas de autoprotección para la población, mientras que Argüeso, como secretario autonómico de Emergencias, ostentaba una «relevancia orgánica y decisoria» clave en la gestión de la emergencia. La magistrada ha destacado que el aviso ES-Alert, emitido a las 20:11 horas del 29 de octubre, fue «tardío y erróneo», y que la DANA no fue un fenómeno imprevisto, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había emitido alertas previas que llevaron, por ejemplo, a la Universitat de València a suspender sus actividades.
El auto también subraya la demora en la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que no se reunió hasta las 17:00 horas, cuando ya había señales claras de la gravedad de la situación. La jueza apunta que existía información suficiente desde la mañana, proporcionada por Aemet, las 19.821 llamadas al 112, los medios de comunicación como À Punt —que informó en directo del desbordamiento de barrancos como el del Poyo donde se incluyeron varias transmisiones en vivo desde localidades impactadas como Chiva y Utiel, donde, poco después de las 15 horas, se informó sobre el desbordamiento del barranco del Gallo (que, al tomar caudal más abajo, recibe el nombre de Poyo) y del río Magro, respectivamente.—y datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) accesibles a través del sistema SAIH.
Para la magistrada, el problema no fue la falta de información, sino que «o bien se ignoró, no se comprendió su alcance o no se tomaron las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión».
Defensa de los investigados
Tras conocerse su imputación, Pradas emitió un comunicado asegurando que siempre estuvo comprometida con sus funciones institucionales durante la emergencia y que está dispuesta a colaborar para esclarecer la verdad. Este viernes, ambos tendrán la oportunidad de responder ante la jueza, la fiscalía, las acusaciones y sus defensas. Por su parte, Argüeso ha mantenido en escritos previos que el 112, bajo su supervisión, no trasladó al Cecopi información sobre las miles de llamadas recibidas, lo que limitó la capacidad de reacción.
Contexto de la investigación
La investigación, que ha conmocionado a la sociedad valenciana, busca esclarecer posibles negligencias en la gestión autonómica que pudieron contribuir al trágico balance de la DANA. La jueza ha descartado por ahora citar como investigado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debido a su condición de aforado, aunque le ofreció declarar voluntariamente, algo que ha rechazado. También ha programado para los próximos días declaraciones de testigos clave, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, previstas para el 14 de abril.
Un clamor que no cesa
La concentración de este viernes refleja el profundo impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana y la exigencia de responsabilidades por parte de las víctimas y sus familias. La investigación judicial, en una fase avanzada según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), sigue su curso con el objetivo de determinar si las decisiones tomadas —o la falta de ellas— agravaron las consecuencias de una catástrofe que, según la jueza, pudo haberse mitigado con una acción más temprana y efectiva.
