Importaciones, plagas y subida de costes asfixian las economías familiares de las personas agricultoras y profesionales de la Comunidad Valenciana

La nueva PAC deja también muchas incógnitas, pues no será tan mediterránea ni tan para los profesionales como prometió el ministro

LA UNIÓ sigue presentando propuestas a los diferentes Gobiernos y augura nuevas protestas en la calle si no existe mayor atención y sensibilidad

30 de diciembre de 2021.- Las crecientes importaciones procedentes de terceros países que hunden los precios de nuestras producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas, la brutal subida de los costes de producción, la nueva PAC que nos viene y una Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente, son algunos de los aspectos que han marcado este año a punto de concluir y que estarán también en el foco de la agenda en 2022, según el análisis elaborado por LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.

Las respuestas de las diferentes Administraciones ante estas cuestiones son, hasta la fecha, escasas o nulas. Por ello concluimos prácticamente el año con una protesta de más de 2.000 personas entre Favara y Tavernes de la Valldigna -el 3 de diciembre- y anteriormente habíamos realizado también otras movilizaciones, como las del sector del arroz en marzo en València o las de julio y septiembre ante el Ministerio de Agricultura en Madrid por un futuro digno para el campo. En este sentido, LA UNIÓ indica que si no cambia la situación, el próximo año 2022 puede ser aún más caliente en calles y carreteras porque es necesario mantener un tejido profesional para el futuro en el sector agrario valenciano.

Sobre las importaciones, a pesar de los avances y de la presión ejercida, no existe constancia oficial sobre la modificación del acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea y la posibilidad de introducir cambios para garantizar la seguridad fitosanitaria como el tratamiento de frío, como tampoco hay certificación de que se vayan a considerar a los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales. LA UNIÓ ya alertó hace unas semanas de la ruinosa campaña de nuestra principal variedad de naranja, la Navelina, motivada por la competencia inicial con la procedente de Sudáfrica en los lineales de tiendas y supermercados. En este sentido, las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la importada desde el hemisferio sur. Ahora, además, nuestra naranja compite de forma desleal en los mercados con las egipcias y turcas que llegan sin los mismos estándares de producción, se ofrecen a precios muy bajos distorsionando el mercado y hacen saltar las Alertas Sanitarias por detecciones de numerosas partidas con presencia de pesticidas cuyo uso no está autorizado en la Unión Europea.

LA UNIÓ propone para el próximo año que todos los estados miembros de la Unión Europea adopten un compromiso de exigencia para la reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a todos aquellos países terceros que envíen sus producciones al ámbito comunitario, dentro del marco de las exigencias de la estrategia De la granja a la mesa y durante el periodo comprendido hasta 2030.

Imparable escalada de costes de producción

La escalada de los costes de producción durante este año ha sido imparable. El encarecimiento de la electricidad que se ha multiplicado por cinco contagió luego al gasóleo agrícola, a los piensos y los fertilizantes (con una subida del 70%); es decir, a más de las dos terceras partes de los inputs que necesitan los agricultores y ganaderos. Un sector asfixiado por unos costes de producción que no paran de subir y una industria y una gran distribución que ejercen implacablemente su posición de dominio en los mercados e imponen unos precios que no remuneran en absoluto el trabajo de aquellas personas que producen alimentos y que han sido esenciales en este tiempo de pandemia. Esta circunstancia corrobora la inexistencia de un libre mercado porque los agricultores y ganaderos no tienen la capacidad de repercutir en sus precios de venta el incremento de los costes de producción.

Como también suben los costes en la lucha contra las plagas en numerosos cultivos ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas que luego se permiten a los productos importados. Por ejemplo, el Cotonet importado de Sudáfrica ha elevado un 55% los costes de producción y causado pérdidas por valor de más de 200 millones de euros en los cítricos, y los Cotonets otros 50 millones en el caqui, además de los daños por la Xylella en el norte de Alicante; entre otras muchas plagas.

Las organizaciones que formamos parte de la Unión de Uniones hemos presentado al Ministerio de Agricultura un paquete de propuestas para contribuir a aliviar el problema de los costes. Medidas fiscales, sobre todo, pero también alguna otra como la puesta en marcha del contrato de doble tarifa para el regadío, un compromiso que el Gobierno estaba obligado a desarrollar este año gracias a una enmienda nuestra en la Ley de Presupuestos y por cuyo incumplimiento lo hemos llevado a los Tribunales, ya que la disposición adicional primera de la recientemente reformada Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria no lo resuelve y simplemente enuncia que “el Gobierno posibilitará” esta opción, pero todavía no se ha hecho realidad y así llevamos años.

Una Ley de la Cadena inservible

Si la Ley de la Cadena Alimentaria se respetase y las producciones se pagasen por encima de lo que cuesta producirlas, estas crisis no tendrían por qué haber saltado. Pero la Ley de la Cadena, y sus reformas posteriores incluyendo ésta más reciente, son una gran decepción. Para paliar estas carencias, desde LA UNIÓ hemos reclamado a la Generalitat la creación de una Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) autonómica, para dar mayor agilidad y proximidad y permitir un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio.

Desde LA UNIÓ hemos tenido un maratón de reuniones a lo largo de estos casi dos años con todos los grupos parlamentarios tanto en Congreso como en Senado y hemos planteado enmiendas que hubieran contribuido a dotar a la Ley de la Cadena Alimentaria de mejores herramientas para hacer que se cumpliera. Conseguimos, al menos, que los agricultores y ganaderos no se vieran obligados por ley a firmar contratos en falsos cuando no tienen capacidad de negociar sus precios. Pero, en nuestra opinión, la Ley ha salido con deficiencias importantes. La cacareada aprobación de la venta a pérdidas –que se ha vendido como el mayor logro de la Ley- es un sofisma, algo que aparentemente es verdad pero que dista mucho de serlo, porque condiciona su consideración como práctica desleal perseguible a lo que diga la Ley de Comercio Minorista… o sea, lo mismo que ya existía.

Por el contrario, no ha entrado en el texto ni la definición de posición de dominio en el mercado, para poder sancionar los abusos que se hagan desde ella; tampoco se ha regulado el poder de  negociación de unos agentes sobre otros a lo largo de la cadena alimentaria para evitar imposiciones sin tener posición de dominio, ni la prohibición a todos los operadores de la cadena posterior a la producción de vender por debajo del precio de adquisición, que es lo que realmente traslada hacia abajo, hasta el productor, las tensiones bajistas de precios. Al margen de ello, la Ley, a nuestro juicio, ha traspuesto mal la Directiva Europea, en cuanto al ámbito de aplicación, dejando fuera a determinados agentes y operaciones que la norma europea no excluye. Consecuencia: nuestra organización ha presentado una denuncia a la Comisión Europea para que se pronuncie.

Una PAC ni tan mediterránea ni tan para los profesionales

El Ministerio de Agricultura ha enviado ya la propuesta inicial del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), base de lo que será la nueva PAC y sus ayudas (a partir de ahora, intervenciones) a partir del próximo 1 de enero de 2023. Han sido más de dos años de trabajo del sector con el Ministerio de Agricultura que habían enfocado una PAC más adecuada a las necesidades de las personas agriculturas y que se fue al traste desde el pasado 14 de julio cuando Ministerio y Comunidades Autónomas acordaron las bases de la PAC en España y las luchas para evitar pérdidas de los sobres autonómicos, olvidándose que el dinero de la PAC no es ni del Ministerio ni de las diferentes comunidades autónomas. El dinero de la PAC es de las personas agriculturas y ganaderas que son las que figuran como beneficiaras de estas ayudas.

Tendremos así una PAC con más exigencias por una condicionalidad reforzada de obligado cumplimiento y más estricta, una PAC que sigue la tendencia de las últimas reformas: cambiarlo todo, para que cobren los mismos, pero con menos presupuesto. Partiendo que se contempla la pluriactividad en el sector agrario valenciano, las ayudas no se priorizan claramente ni se potencia a aquella persona profesional que su único modus vivendi es la agricultura y/o ganadería. En este sentido, hay administraciones que se preocupan más por una ayuda a una persona que ejerce su profesión como médico, abogado o incluso alto funcionario que aquellas personas agricultoras o ganaderas que verdaderamente necesitan un mayor nivel de apoyo por ejercer una actividad que el propio Tratado Fundacional de la Unión Europea o Constitución española reconocen que están por debajo de la media del resto de actividades económicas.

A pesar de las promesas del ministro Luis Planas en octubre de 2020 en València donde afirmó contundentemente que la nueva PAC sería más mediterránea, la realidad es tozuda y finalmente tendremos una PAC que no beneficia a los cultivos mediterráneos y, por tanto, a sus agricultores y ganaderos.

En este sentido, las personas profesionales que no tengan derechos de ayuda procedentes de los anteriores períodos PAC no van a poder acceder al sistema más allá de una remota posibilidad a través de la Reserva Nacional. Además, se contemplan exigencias en determinados sectores de secano que perjudican a nuestra comunidad autónoma en detrimento de otras zonas del Estado. La diferenciación de las ayudas por superficies de cultivo en pendientes o una pluviometría que no contempla la realidad valenciana, vuelve a condicionar la competitividad de cultivos valencianos como los frutos secos, olivar, viña o cereales que recibirán menos ayudas que un agricultor, por ejemplo, andaluz que realice las mismas prácticas agronómicas.

 Insensibilidad y cruzadas ideológicas contra la ganadería y el agua

Destacar así mismo la falta de agilidad de la Generalitat para resolver aspectos importantes que se arrastran desde hace casi tres décadas como es la pinyolà para el sector apícola, algo que impide la producción normal de nuestra apreciada miel de azahar, o las particulares cruzadas ideológicas contra la ganadería y el sector cárnico, como la protagonizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien además está emperrado en implantar en España un sistema de etiquetado según el cual por ejemplo nuestro aceite de oliva virgen extra sería menos saludable que los refrescos de cola cero.

Pero también las cruzadas de ecologistas urbanos de salón que demonizan el papel de la ganadería en nuestras zonas de interior con argumentos injustificados y desfasados, como el de la contaminación del medio ambiente cuando los animales no son ni mucho menos los principales culpables de las emisiones perjudiciales para el medio ambiente o del cambio climático, sino que gran parte se debe al ser humano, de forma directa o indirecta. “Dejar de comer carne es una opción totalmente legítima, pero no va a servir para salvar el planeta”, señala LA UNIÓ. No se pueden llevar a cabo políticas o ataques infundados a sectores que hoy por hoy mantienen con vida nuestros pueblos de interior y que producen además en las normas más estrictas de bienestar animal y siguen mejorando el futuro con los planes de ordenación ganadera.

También tenemos la cruzada ideológica de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, contra el agua para riego en la Comunidad Valenciana. Las últimas actuaciones revelan una auténtica persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura.

En este sentido, LA UNIÓ denuncia la politización de los asuntos del agua que no benefician en absoluto a los agricultores y la necesidad de reclamar agua suficiente y de calidad para la Comunidad Valenciana pues nuestra contribución al conjunto de España es netamente superior a lo que recibimos en agua. La desalación vuelve a escena y nunca ha sido una solución económica adecuada hasta la fecha para los regantes.

Daños climatológicos y seguros agrarios

El comportamiento meteorológico de este año, marcado por numerosos fenómenos de grave incidencia, ha provocado que las indemnizaciones previstas por los siniestros ocurridos sean muy elevadas en la Comunitat Valenciana. Las Administraciones hacen la vista gorda a estas pérdidas y lo fían todo al sistema de seguros agrarios que el Gobierno sigue recortando, como ahora pretende hacer con el de cítricos, uno de los más rentables.

“El seguro se creó para dar una garantía de renta a los productores, no para que se forren cuatro empresas a costa de todos. Hay que dar un cambio de rumbo de 180 grados en las políticas del seguro agrario para anteponer la defensa del sector, castigado por la escalada de costes y la crisis de precios, por encima de las cuentas de resultados de las aseguradoras que forman parte de Agroseguro.”, indica LA UNIÓ.

Fauna salvaje

La presión cinegética por numerosas especies es elevada y por ello reclamamos medios y propuestas eficaces para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado. La problemática se agrava aún más en zonas de seguridad donde no se puede cazar y allí donde los cultivos se abandonan por falta de rentabilidad, y ahí es donde la Administración ha de actuar de forma coordinada y urgente. Tampoco la actual línea de seguro por daños cinegéticos cubre las necesidades del sector y resulta al final dificultosa e inviable para indemnizar la muerte por ejemplo del arbolado.

Proyectos fotovoltaicos

LA UNIÓ propone que el necesario cambio de modelo energético hacia fuentes renovables en la Comunidad Valenciana se realice respetando los terrenos agrícolas productivos, la actividad agraria, las instalaciones de regadío, las infraestructuras agrarias y el paisaje rural.

Ante el anuncio y la proliferación de grandes instalaciones solares, eólicas o torres de alta tensión que pretenden instalarse en la Comunitat Valenciana, “nos mostramos a favor de las energías renovables, verdes y limpias, pero de una forma sostenible siempre que se respete el territorio, la agricultura y ganadería, el medio ambiente, el paisaje de nuestras zonas rurales y revierta en beneficio de esas zonas donde se instalen”.

La amenaza de la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo desprecia la realidad del campo en su Reforma Laboral. Todo lo acordado en relación a la temporalidad laboral no se ajusta a las necesidades del sector y limitará bastante la capacidad de las explotaciones en la creación de empleo durante las campañas agrícolas.

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