La Comunitat Valenciana necesita 24.800 plazas en residencias para mayores

La Comunitat Valenciana necesita 24.800 plazas en residencias para mayores

Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas residenciales son Andalucía y la Comunitat Valenciana, que juntas suman el 67,9 % del déficit nacional.

 

La Comunitat Valenciana necesita 24.801 plazas residenciales para alcanzar la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Este déficit la posiciona como la segunda comunidad autónoma con mayor carencia de plazas residenciales, solo por detrás de Andalucía, que acumula una falta de 35.857 plazas. Así lo refleja un informe reciente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

El estudio señala que la ocupación media de las plazas residenciales en la Comunitat Valenciana es del 61,6 %, un porcentaje notablemente inferior al promedio nacional, que se sitúa en el 84,1 %. De las plazas existentes, el 66,8 % cuentan con financiación pública (18.434 plazas), mientras que 9.142 son de financiación privada.

El déficit nacional supera las 89.000 plazas residenciales

A nivel nacional, España presenta un déficit de 89.324 plazas residenciales para alcanzar el objetivo de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años. Según el informe, serían necesarias al menos 35.000 plazas adicionales para cubrir la demanda actual de personas en Dependencia Severa y Grandes Dependientes.

El análisis también revela un retroceso en el sector residencial durante el año 2023. A comienzos de 2024, España contaba con 395.065 plazas residenciales para mayores, 3.510 menos que el año anterior. Gustavo García, coordinador del informe, destaca que «los datos recientemente publicados por Imserso indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo desde 2010».

En los tres años posteriores a la pandemia, entre 2021 y 2023, las plazas residenciales han aumentado en apenas 6.031 unidades, mientras que la población mayor de 65 años ha crecido en más de 600.000 personas en el mismo periodo. Esta disparidad evidencia la creciente presión sobre el sistema de cuidados para mayores.

Comunidades con mayor y menor cobertura

El informe subraya que las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas residenciales son Andalucía y la Comunitat Valenciana, que juntas suman el 67,9 % del déficit nacional. Sin embargo, hay regiones con un exceso de plazas respecto a su ratio poblacional, como Castilla y León (17.764 plazas más de las necesarias), Castilla-La Mancha (7.072), Aragón (4.859), Extremadura (4.096), Asturias (1.237) y La Rioja (408).

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En cuanto a la financiación, el 69,6 % de las plazas residenciales en España son públicas (275.094 en total), mientras que las plazas privadas ascienden a 119.971. Dentro de la financiación pública se incluyen plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas financiadas mediante la prestación vinculada al servicio. Las comunidades con mayor cobertura de plazas públicas son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. En contraste, Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana tienen los índices más bajos de plazas financiadas públicamente.

Estancamiento en la implementación del nuevo modelo de cuidados

El informe critica la falta de avances significativos en la implementación del nuevo modelo de cuidados. Según la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no se han dado «pasos decididos» para reforzar los servicios de atención domiciliaria, una de las estrategias clave para promover la desinstitucionalización.

En 2023, la cobertura de ayuda a domicilio se mantuvo prácticamente igual que en 2022, con un 5,5 %, lo que representa solo seis décimas más que en 2019, el año previo a la pandemia. Además, la media de horas mensuales de atención domiciliaria se mantiene estancada en 21,1 horas mensuales, el mismo nivel que en 2012.

El informe denuncia que esta falta de evolución en los servicios de atención domiciliaria obliga a que el coste de los cuidados recaiga en las propias personas mayores o sus familiares, perjudicando la vida personal y la conciliación, especialmente de las mujeres, quienes son las principales cuidadoras en la mayoría de los casos. «Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización», concluye Gustavo García.