Los beneficiarios del Plan de Empleo serán las personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los centros de Labora de Empleo de la Generalitat Valenciana
La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado una inversión de 1,5 millones de euros a través del Plan de Empleo, beneficiando a 134 municipios y entidades locales menores. Esta iniciativa, que ha visto incrementado su presupuesto en 300.000 euros respecto al año anterior, tiene como objetivo fomentar el empleo y combatir la despoblación en las zonas más vulnerables del territorio.
Según ha explicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, esta ampliación presupuestaria busca “reforzar los recursos disponibles especialmente en los municipios más pequeños, para generar empleo, atraer nuevos vecinos y fijar población en el interior de la provincia”.
“Desde la Diputación trabajamos para generar oportunidades, dinamizar la economía local y mejorar el desarrollo de todo el territorio provincial”, ha subrayado Barrachina, destacando que la prioridad es atender a los municipios con menos recursos y población.
Por su parte, la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés, ha señalado que este año se han introducido nuevos criterios de reparto con discriminación positiva. Esto significa que los pueblos más pequeños recibirán un mayor apoyo económico, priorizando su situación para que puedan ofrecer oportunidades laborales a sus habitantes. “Reafirmamos nuestro compromiso con los municipios más pequeños, que son la razón de ser de esta institución”, ha añadido.
Pallarés también ha resaltado que “el empleo es clave para frenar la despoblación, ya que un pueblo con oportunidades laborales es un pueblo vivo”.
El Plan de Empleo está dirigido a personas desempleadas registradas en los centros Labora de la Generalitat Valenciana, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
Los contratos estarán orientados a la realización de obras y servicios de interés general y social, como el mantenimiento de inmuebles y espacios públicos, protección de entornos naturales, promoción turística y cultural, fomento del deporte o conservación del patrimonio cultural, entre otros.
Las condiciones establecen que los contratos deberán tener una duración mínima de tres meses a jornada completa y garantizar una retribución mensual bruta igual o superior al salario mínimo interprofesional. Además, estas contrataciones no podrán cubrir vacantes estructurales en las plantillas de las entidades beneficiarias.
